Primer día del juicio al fiscal general del Estado: del “no” de Álvaro García al respaldo del fiscal del caso Ayuso sobre los correos

Este lunes ha sido el primer día del primer juicio a un fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo deberá dirimir si Álvaro García Ortiz filtró un correo en el que Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales por más de 350.000 euros y si cometió un delito de revelación de secretos. En la vista oral, García Ortiz ha respondido al juez que “no” es el autor de los hechos que se le imputan. En su turno, la abogada del Estado, Consuelo Castro, que ejerce su defensa, ha pedido que se incorporen a la causa los tuits de Miguel Ángel Rodríguez, MAR, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, pero las acusaciones se oponen. Castro ha cuestionado la instrucción del juez Ángel Hurtado, ha asegurado que hay una “insuficiencia” de indicios para el juicio y ha pedido anular, entre otras actuaciones, el registro del despacho, las copias de los dispositivos y cuentas de García Ortiz, las comisiones rogatorias a Irlanda y EE UU para Google y WhatsApp. Pero el abogado de González Amador ha insistido en que todos los autos de Hurtado que se pretenden anular fueron validados por la Sala de Apelación del Supremo. El Colegio de la Abogacía de Madrid, personado como acusación popular, ha pedido que no se acepten las cuestiones previas de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, al igual que el abogado que representa a varios grupos ultras y la de la asociación de fiscales APIF.

El primer testigo en intervenir ha sido Julián Salto, el fiscal que investigó el fraude de González Amador, que ha asegurado que la pareja de Ayuso iba a “reconocer su fraude a Hacienda y que él jamás ha enviado un email para ofrecer un trato, como publicó El Mundo. Las acusaciones le han preguntado si existe un protocolo que inste a los fiscales al borrado de sus móviles, como hizo García Ortiz, y el testigo ha asegurado que si es así, lo desconoce. Salto ha admitido que el correo filtrado fue recibido en un correo genérico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, adonde lo envió el abogado de González Amador (que se lo facilitó, además, a más personas). Para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, este detalle es fundamental pues más de una docena de personas tenían acceso a esa cuenta genérica y, por tanto, los potenciales filtradores se multiplican. Por último, Salto ha considerado normal que sus superiores le pidieran información sobre el supuesto pacto con González Amador.

La siguiente en comparecer ha sido la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que ha asegurado que una vez El Mundo publicó el bulo de que había sido la Fiscalía quien ofrecía un pacto a Amador y no al revés, “como había tanta confusión en los medios, se solicitaron los correos electrónicos”. A Rodríguez no le extrañó que el fiscal general le remitiera esos mails. Tras Rodríguez, Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, quien tomó la iniciativa para desmentir el bulo propagado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, ha asegurado que no estuvo de acuerdo con la nota de prensa con el desmentido porque entendió que no debía dar tantos detalles. Las acusaciones han buscado que Lastra apuntara a García Ortiz como autor de filtrar los correos. ¿En algún momento, a lo largo de esa conversación, él negó la filtración?”, ha incidido el abogado que representa a los grupos ultras Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. Lastra ha contestado así: “No, él dijo: Eso ahora no importa”.

En el último turno de testigos, el Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general en la Fiscalía General del Estado, ha justificado que pidiera a través del sistema de “dación de cuentas” información sobre el proceso y ha dicho que hizo igual sobre el caso que afecta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Además, ha asegurado que Lastra sentía “animadversión” hacia García Ortiz.