Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Navarra ocultan las listas de espera de las pruebas radiológicas

Las listas de espera se usan a menudo para medir el desempeño de los sistemas sanitarios, pero ni son el único baremo ni permiten ver siempre una foto realista. De poco sirve que el tiempo de demora para una cirugía sea bajo, si las pruebas que conducen a ella se retrasan meses. Para la imagen completa sería necesaria toda la información. La mayoría de las comunidades autónomas publican las estadísticas de las pruebas diagnósticas (mamografías, radiografías, ecografías, análisis...), pero hay cinco que no lo hacen: Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Navarra.

La falta de homogeneidad de los datos que remiten las comunidades, explican fuentes del Ministerio de Sanidad, impide que en los informes de listas de espera que publica cada seis meses se incluyan las pruebas diagnósticas, por lo que no existen indicadores nacionales y públicos para compararlas.

Esta opacidad provoca, por ejemplo, que sea imposible consultar la demora media para una mamografía en la sanidad pública andaluza, en el punto de mira tras los fallos en la notificación de los cribados, que han tenido a al menos 2.000 mujeres sin conocer sus resultados. En Andalucía se publicaban hasta 2019, cuando el gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla hizo un cambio en el sistema de información y las ocultó. Hasta hoy.

Las otras cuatro autonomías no explican a EL PAÍS los motivos por los cuales no las publican. “Nunca se ha hecho”, argumentan en la Comunidad Valenciana y Aragón. Baleares reconoce que se recolectan, pero no se hacen públicas.

El real decreto que regula las listas de espera, de 2003, explicita que las comunidades tienen que publicar tres grupos de estadísticas: las listas de espera de primera consulta con el especialista, las de las determinadas cirugías y las de las pruebas diagnósticas.

David Larios, de la Asociación de Juristas de la Salud, no ve justificación “de carácter jurídico” para que determinadas comunidades no cumplan con “sus deberes de información al ministerio o a los ciudadanos sobre las listas de espera”, ya que el real decreto no establece excepciones para las pruebas.

Fuentes sanitarias explican que los procesos para recopilar las demoras diagnósticas son mucho más complejos que las demás, puesto que las pruebas pueden pedirse desde hospitales, centros de salud, de especialidades, y son sistemas que no siempre están unificados. No obstante, con mayor o menor precisión, detalle y frecuencia, todas las comunidades menos las cinco mencionadas los publican.

La ministra Mónica García anunció, poco después de su desembarco en Sanidad, en 2023, que quería cambiar un sistema que ha calificado de “opaco”. En abril de este mismo año ha puesto en marcha un grupo de trabajo integrado por técnicos del ministerio y de las comunidades autónomas (que gestionan los sistemas sanitarios) para renovar toda la recogida y publicación de estadísticas de listas de espera.

“Desde el ministerio de Sanidad somos conscientes del problema que son las listas de espera, no solamente en cantidad, sino también en calidad”, dijo en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros del año pasado.

Según Luisa Lores, radióloga y presidenta de la Asociación Gallega por la Defensa de la Sanidad Pública, “en este momento es imposible conocer la situación de las pruebas diagnósticas en España”. Lo que publican las autonomías que sí lo hacen tiene datos tan heterogéneos, con mención a distintas pruebas, diferencias en la periodicidad, sin desagregar por pruebas concretas, “que no se pueden ni comparar ni saber la situación del sistema”.

La federación que aúna las asociaciones de defensa regionales ha denunciado en numerosas ocasiones que no solo es que algunos datos no se publiquen, sino que los que se conocen están a menudo manipulados. Solo contará para la estadística a partir del momento en el que el paciente entre en la lista de espera, y esto no siempre ocurre en el mismo punto del proceso. Para la quirúrgica, por ejemplo, denuncian que en ocasiones no se hace hasta que el enfermo ha hecho las pruebas preoperatorias, por lo que puede llevar semanas o meses aguardando.

Además, las listas oficiales para las especialidades incluyen solo la primera cita. “Esto no indica mucho”, lamenta Lores, que cree que lo lógico sería saber cuánto espera hasta la segunda, porque por medio, a menudo, hay precisamente una prueba diagnóstica y, si esta se retrasa, lo hará también el tratamiento.

“De nada sirve que te den la primera cita con el especialista en un mes si la prueba tarda tres, y la segunda no es hasta dentro de nueve más”, protesta la radióloga. Todo esto no aparece en las listas oficiales, ni tampoco lo requiere el Real Decreto de 2003.

Nuevo sistema

El plan de Sanidad es reformarlo por completo. En palabras de la ministra, “ha quedado completamente obsoleto”. “Tenemos que darle transparencia y, sobre todo, trazabilidad, porque no solamente queremos saber los tramos de las diferentes listas de espera: la de consulta, la de diagnóstico y la quirúrgica, sino cuál es la trazabilidad desde que un paciente tiene un problema hasta que se le soluciona”, dijo García hace un año.

Esto cambiaría por completo el paradigma actual. Las listas de espera, sobre el papel, engordarían de forma notable, pero, de conseguirlo, la imagen del sistema sanitario sería mucho más ajustada a la realidad. Una portavoz de Sanidad explica que esperan avances antes de que acabe el año.

Dentro de este cambio también quieren incluir áreas que hoy no se reportan, como la de salud mental, que solo algunas comunidades, de forma voluntaria, publican. También, otra de las grandes carencias del sistema de información: la Atención Primaria. Tampoco existe un sistema público para conocer cuánto tiempo es necesario para ver al médico de familia, algo que también varía mucho en función, no solo de la comunidad autónoma, sino del centro de salud.

Tener buena información es solo un primer paso para el objetivo final: reducir unas listas que, tal y como las conocemos, llevan desde la pandemia batiendo récords de pacientes esperando. El PSOE y Sumar se comprometieron a establecer máximos de demora por ley, una idea que ahora parece aparcada y que no se ha mostrado efectiva.

Un Real Decreto de 2011 obliga a un tiempo máximo de 180 días en cinco pruebas: cirugía cardíaca valvular, coronaria, cataratas, prótesis de cadera y de rodilla. Son plazos que se incumplen a menudo.