El aborto sigue siendo una quimera en una docena de provincias españolas

En un contexto de crecimiento generalizado del número de abortos en todo el país (en 2024 se practicaron 3.000 más que el año anterior), una docena de provincias, junto a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no notificaron ninguna Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante el pasado año. En la mayor parte de los casos la justificación que aducen las autoridades sanitarias para vetar los abortos tiene que ver con la falta de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, aunque colectivos feministas culpan a las administraciones públicas de poner excusas para incumplir la ley.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en 2024 una docena de provincias españolas no comunicaron ningún aborto: Jaén (Andalucía), Huesca y Teruel (Aragón), Cuenca, Toledo y Guadalajara (Castilla-La Mancha), Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora (Castilla y León) y Cáceres (Extremadura), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Andalucía, Jaén es la isla donde no se practican abortos y quienes luchan por revertir esta situación son quienes más tiempo llevan haciendo campaña en el país. El colectivo Feministas 8M de Jaén lleva 15 años luchando para que las mujeres de esta provincia no tengan que salir fuera para poder abortar, algo que el año pasado hicieron 737. “La Junta de Andalucía no puede seguir escondiéndose detrás de la objeción de conciencia médica para tapar su negligencia a la hora de ejecutar y hacer cumplir dos leyes orgánicas, una de 2010 y otra de 2023, que respaldan el derecho de cualquier mujer a realizarse una IVE, sin menoscabo de cuál sea el lugar donde viva”, dice una portavoz, Juana Peragón.

En total, casi 5.000 mujeres que se sometieron el último año a una IVE en España residían en provincias que no notificaron ni un solo aborto. Son casos como el de Josefa (nombre ficticio para preservar su identidad), que tuvo que recorrer más de 300 kilómetros para poder abortar el año pasado en una clínica privada de Sevilla. “Lo peor de todo es el sentimiento de desamparo que se siente de la sanidad pública y la sensación de discriminación respecto a mujeres de otras provincias”, afirma esta jiennense de 32 años

“Sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a ser contundente para exigir planes claros para dar la vuelta a esta situación”, comentó el miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, al presentar el informe sobre las IVE en 2024. En Andalucía, Jaén es la única provincia donde las mujeres siguen sin poder abortar por decisión propia dentro de las primeras 14 semanas de gestación que estipula la ley.

La ya exconsejera de Salud del Gobierno andaluz, Rocío Hernández, justificó recientemente esta situación en que no se han presentado ofertas en ninguno de los dos procedimientos de licitación abiertos, el de la elaboración del registro de profesionales sanitarios andaluces objetores de conciencia y el de la contratación de la gestión del servicio de IVE.

Sin embargo, colectivos feministas recuerdan que en diciembre de 2024 el Consejo Interterritorial de Salud aprobó el protocolo que debe regular la objeción de conciencia del personal sanitario, algo que dejaba la puerta abierta para la planificación viable y equitativa de la prestación de la IVE en la sanidad pública.

“El aborto es un derecho conseguido a través de la lucha feminista que no se está cumpliendo en la provincia de Jaén y que está dejando vulnerables a las adolescentes y mujeres que lo necesiten o quieran realizarlo. Se trata de una limitación sistemática del acceso a este recurso, y la Junta de Andalucía no puede excusarse solo en la falta de profesionales, es imposible que todos sean objetores de conciencia”, sostiene María López Ruiz, de la asociación Actuando para Transformar, que esta semana ha protagonizado un acto reivindicativo en la Universidad de Jaén (UJA).

Además, la provincia de Jaén carece de una clínica privada que facilite esta asistencia, y las mujeres que lo solicitan o precisan son derivadas a centros de otras provincias, concertados con el Servicio Andaluz de Salud, aunque sí se tiene en cuenta el derecho de las demandantes a poder elegir el centro al que van a acudir. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los abortos (79%) se sigue realizando en centros privados concertados con la administración, algo contemplado en la ley.

También el Defensor del Pueblo Andaluz ha instado a la Junta de Andalucía a adoptar medidas para garantizar el derecho en la provincia de Jaén conforme a los principios de equidad e igualdad. Jesús Maeztu considera que, mientras que no sea posible la prestación en Jaén de la IVE en condiciones de igualdad con el ejercicio del derecho en las restantes provincias andaluzas, “hay que prever normativamente la compensación de los gastos por desplazamiento, alojamiento y manutención a las embarazadas que tengan que desplazarse fuera de la provincia”.