La abogada de la víctima de violencia vicaria de José Bretón: “Ruth Ortiz espera que la ley ayude a evitar un dolor insoportable a otras mujeres”

El pasado marzo, Ruth Ortiz tuvo que revivir sin previo aviso la peor pesadilla de su vida. José Bretón, su exmarido y asesino de sus hijos, era la fuente principal de un libro, titulado El odio, en el que revelaba nuevos detalles sobre el asesinato de los niños, Ruth y José. La obra, además, incluía múltiples detalles sobre la vida en común de la expareja. Para su elaboración, el autor, Luisgé Martín, entrevistó a Bretón en prisión e intercambiaron decenas de cartas. El libro no llegó a ver la luz. La editorial decidió retirarlo por la polémica generada, aunque un juzgado había dado luz verde a su publicación. Pero previamente llegaron a los medios de comunicación ejemplares de la obra para su promoción. Y los medios publicaron reseñas, en ocasiones con fotografías de los niños y con frases del asesino.

Esta semana, Ortiz ha leído el primer borrador de la futura ley de medidas contra la violencia vicaria, cuya tramitación acaba de echar a andar y cuyo articulado busca frenar, entre otras cuestiones, que los asesinos sigan teniendo la posibilidad de hacer daño a sus víctimas con sus testimonios desde la prisión, como ocurrió en este caso. Es su abogada, Aurora Genovés, quien valora la normativa. Ella prefiere mantenerse en un segundo plano. “Ruth Ortiz aprecia la ley”, explica Genovés a EL PAÍS. “Es un esfuerzo que recoge su caso y espera que sirva para evitar que se someta a un nuevo dolor insoportable a otras mujeres, obligadas a revivir una y otra vez lo ocurrido”.

La historia de las leyes contra la violencia machista de España está jalonada de nombres propios de mujer, desde que la voz dulce de Ana Orantes estremeció a España en 1997 al contar las palizas de su marido en la televisión, apenas días antes de que el hombre la quemara viva a las puertas de su casa. Aquel episodio impulsó la pionera ley de violencia de género de 2004. Más de dos décadas después, el Gobierno ha iniciado la tramitación de la futura ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que define esa violencia como la que ejerce un agresor machista “con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres” sobre sus hijos, sus familiares o un nuevo cónyuge.

El nombre de Ruth Ortiz es uno de los que está estrechamente ligado a la futura ley. Su exmarido, José Bretón, fue sentenciado en 2013 a 40 años de cárcel. Tras el asesinato de sus hijos, Ortiz peleó primero para que mujeres como ella fueran reconocidas también como víctimas de violencia de género, como finalmente ocurrió. Su sufrimiento está de nuevo detrás de otro recorrido legal.

Ortiz tuvo que enfrentarse a decenas de publicaciones periodísticas con detalles del libro, como el capítulo con la entrevista a Bretón adelantado en un medio digital. Al conocer por la prensa la existencia del libro ―ni el autor ni la editorial contactaron con ella previamente―, lo denunció ante la Audiencia Provincial y la Fiscalía de Córdoba por intromisión del derecho a la intimidad y la propia imagen de sus hijos.

“Estos hechos están causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante”, recogía esa primera demanda, “que está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el primer paso para una futura ley de violencia vicaria. El anteproyecto, de 22 páginas y que prevé modificar el articulado de seis normativas estatales, sufrirá casi con toda seguridad cambios durante la tramitación antes de ser aprobada.

Una de las novedades que incluye son nuevos castigos a los asesinos de violencia vicaria para intentar evitar que, como ocurrió en el caso de Bretón, puedan “publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido (...) para evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima o la generación de un daño psicológico a la víctima”, según el borrador. El texto se refiere en todo momento a los condenados, que no podrán ofrecer relatos que revictimicen o detalles de las vidas de sus víctimas a otras personas.

Para incluir estos cambios, el borrador de la ley prevé modificar cinco artículos del Código Penal —los artículos 33, 39, 48,70 y 173— para prohibir a los condenados difundir toda esa información “o facilitar estos contenidos a terceros” en un periodo que oscilaría entre 5 y 20 años de su condena, con un castigo añadido si lo hicieran de entre 6 meses y 3 años que se sumarían a su pena principal.

“Valoramos las medidas que incluye el borrador sobre los cambios en el Código Penal”, señala al teléfono la abogada Aurora Genovés. “Completan prohibiciones que ya existen en violencia de género, como la aproximación a las víctimas y familiares o que no puedan comunicarse con ellas”. La letrada plantea “algunas dudas, que no críticas”. Por ejemplo, que se amplíe esa prohibición a los agresores también como medida cautelar, antes de que haya condena firme.

Recuerda que en el caso de Bretón, estuvo primero en prisión preventiva y hubo dos recursos —ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ante el Supremo— antes de que su condena fuera firme. También sugiere una reflexión sobre el cómputo del tiempo, porque recuerda que estos casos se suelen dar en crímenes “de mucha repercusión social y con condenas muy altas”, que van más allá de los 20 años que recoge el borrador.

Los tiempos de la prohibición, considera la letrada, “tienen que adecuarse en esos casos a las circunstancias reales para que no se queden cortos y no acaben revictimizando a las mujeres años más tarde”. Antes del caso de El odio, reflexiona por último la abogada, “se pensaba quizá de forma ingenua que una persona en prisión no podía seguir haciendo daño a sus víctimas. La realidad ha demostrado que puede ocurrir”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.