“El putero sabe que hace daño pero no le importa nada”

“No puedes defender la igualdad y permitir a hombres comprar a mujeres”, considera Gunilla S. Ekberg. Abolicionista, abogada, feminista y experta en trata y derechos humanos. Hace más de 15 años que esta mujer canadiense trabaja con gobiernos de todo el mundo sobre cómo atajar la prostitución. Empezó como asesora especial con el Gobierno sueco, el primero que puso en marcha hace ya 20 años un modelo que persigue y penaliza al cliente. Le han consultado también en Irlanda del Norte, Escocia, Estados Unidos o India.

En España participó en debates hace más de 10 años, cuando visitó Madrid y conoció a las mujeres prostituidas en la Casa de Campo, uno de los rincones que más le ha impresionado en su vida: "He visto muchos burdeles, pero pocos sitios tan sórdidos como ese". Ahora aplaude que el nuevo Gobierno español, el que tiene más mujeres de la historia y una número dos al frente del Ministerio de Igualdad, se declare abolicionista.

“Defender la industria de la prostitución como hacen algunos en España es equivalente a decir que hay algunas mujeres que no tienen los mismos derechos que el resto, que pueden ser usadas y agredidas sexualmente”, señala en conversación telefónica con este periódico días antes de este domingo 23 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. “La prostitución es otra forma de violencia contra las mujeres”.

En los distintos trabajos e informes que ha escrito, en los que incluye estadísticas y encuestas a los consumidores de prostitución, subraya que lo que mejor disuade a un cliente es saber que le persiguen y que le puede caer una multa. “Los puteros saben que las prostitutas les odian, que es desagradable y que hacen daño y no les importa una mierda”, reclama.

“Si quieres saber la verdad de la prostitución, entrevista a los clientes. Los hombres que compran servicios sexuales pueden ser muy transparentes sobre lo que piensan sobre mujeres en la prostitución, sobre todo en los países donde no es ilegal. Cuando terminan, ni siquiera se acuerdan cómo era la cara de la mujer con la que habían quedado. No les importa y no hay nada romántico en ello. Es un abuso serio”.

La prostitución es una actividad alegal en España. El Gobierno socialista quiere impulsar una ley contra la trata y la explotación sexual para combatir el tráfico de mujeres, del que no hay cifras oficiales. Las estimaciones de la policía aluden al 80% de las implicadas, pero no se sabe cuántas mujeres la ejercen. El Parlamento Europeo también ha dado estimaciones elevadas en un informe (entre el 60% y el 90%, según el informe Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género), pero igualmente sin cifras oficiales.

22.000 millones anuales

“Con una legislación abolicionista menos hombres comprarán servicios sexuales”, defiende la abogada canadiense. España, añade, “tiene una industria de la prostitución muy fuerte, es muy amigable para los traficantes, con muchos burdeles, muchas mujeres de otros países y también hombres jóvenes”. Avisa al Gobierno de que, si da el paso hacia el modelo abolicionista “encontrará mucha oposición”. “Piense en todos los beneficios que se pierden los proxenetas y los propietarios de burdeles”.

Según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope que cita el Parlamento Europeo en sus informes, la prostitución mueve 22.800 millones anuales en España, la mitad del gasto educativo español. "Si el Ejecutivo pone el modelo abolicionista en marcha, los defensores de la prostitución usarán todos los trucos para tratar de convencer al Gobierno de que la idea es realmente mala. Y los políticos tendrán que estar seguros, no dudar y ser fuerte cuando le lleguen argumentos del tipo: He sido prostituta toda mi vida y no quiero que destruyan mi posibilidad de ganar dinero".

El primer sindicato estatal de prostitutas, denominado Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales), acaba de echar a andar en España después de que un “error” del Ministerio de Trabajo permitiera su registro y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Sus integrantes defienden que la práctica del trabajo sexual que hacen es voluntaria, que no tienen nada que ver con la trata de seres humanos y que bajo un sindicato sus derechos están más protegidos.

“Nunca he encontrado ningún burdel en el que las mujeres estén reconocidas como trabajadoras”, subraya la abogada canadiense. Aclara que no conoce el caso concreto español, pero sí ha seguido de cerca la creación de sindicatos en países que apuestan por la prostitución como una actividad económica más, como Alemania u Holanda. “No tienen derechos laborales, no son sus empleadores ni quieren tenerlas como trabajadoras porque tendrían que pagarles tasas, impuestos, asegurarlas. Eso no va a pasar. La explotación nunca puede ser un trabajo”.