Fianza millonaria a la ONG que se enfrenta al ladrillo

La Marina de Valdecañas, una polémica urbanización en un embalse en Cáceres, ha recibido hoy un respaldo en los tribunales. La misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaró ilegal el complejo ha fijado una fianza de 41 millones de euros a Ecologistas en Acción para ejecutar la sentencia y paralizar las obras. Así, la urbanización sigue adelante, y gracias a un cambio legal aprobado en Extremadura se salvará previsiblemente de la piqueta.

El de Marina de Valdecañas es otra maraña judicial y legislativa en la que siempre gana la obra. El complejo, de “183 villas, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, base náutica y zona deportiva” incluye una inversión de 146,34 millones de euros, según el Tribunal. Fue aprobada en suelo rural protegido, en un embalse en el río Guadiana. El Gobierno de Extremadura, entonces del PSOE, lo declaró proyecto de interés regional, para agilizar los trámites. Ecologistas en Acción recurrió la declaración y en enero de 2011 el tribunal lo declaró ilegal.

Rápidamente el Parlamento Extremeño cambió la ley para permitir ciertas urbanizaciones en terreno protegido y abría la vía a que proyectos como el de Valdecañas pidiera la homologación. El caso es similar a las leyes a medida que comunidades como Castilla y León, del PP, aprobaron antes para proyectos polémicos.

Registro de la propiedad

Pero como había una sentencia que lo declaraba ilegal, los ecologistas pidieron la ejecución provisional para que al menos se paralizaran las obras y se apuntara en el registro de la propiedad para evitar que compradores de buena fe se vieran afectados. La empresa alegó que como la sentencia no era firme y había recurrido al Supremo en casación no tenía que parar las obras y que, si le obligaban los ecologistas debían presentar una fianza de 175,395 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por si luego el Supremo le daba la razón. Los ecologistas alegaban que podían presentar una fianza de 5.000 euros, que son una entidad sin ánimo de lucro y que una fianza tan elevada era impedir el acceso a la justicia.

En un farragoso auto notificado hoy, la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo fijó esa fianza en 41 millones de euros. Y lo hace pese a admitir que con su sentencia de 2011 pretendía que “los terrenos fueran repuestos a la situación originaria”.

El tribunal considera ahora que “la ejecución provisional de la sentencia es indudable que ocasiona unos daños y perjuicios en el supuesto de que la sentencia fuera revocada en casación”.

Los ecologistas recurrirán porque consideran que con esa cantidad se vulnera el derecho de acceso a la justicia. Mientras, el urbanismo gana.