La Físcalía pide 30 años para una madre por colaborar en el asesinato de su bebé

La Audiencia de Barcelona ha seleccionado hoy al jurado popular que juzgará el asesinato de un bebé de nueve meses. La acusada, Yasmina F., desatendió a su hijo desde que nació, le maltrató y le drogó con cocaína en varias ocasiones, hasta que el 19 de enero de 2008 decidió salir de fiesta y dejar al niño a cargo de un conocido, Antonio F.

No era la primera vez que lo hacía. Un par de días antes lo había dejado en su vivienda de Vilanova i la Geltrú y, cuando lo recogió, se percató de que tenía señales de violencia en el rostro. Pese a todo, volvió confiar en él como canguro y se fue a pasar una noche de fiesta con la compañera sentimental del procesado y la hija de ésta, dejándolo solo con el niño.

Hacia las 3 de la madrugada siguiente, Yasmina F. regresó al domicilio del acusado, y al acercarse a su hijo lo notó inmóvil y extrañamente frío. Antonio F. excusó el estado del pequeño escudándose en que había estado vomitando, y la acusada decidió continuar la fiesta, desentendiéndose de la salud del menor. El bebé murió aquella noche, debido a los fuertes golpes que le propinó el imputado, para quien la Fiscalía pide una pena de 20 años de cárcel.

El Ministerio Público acusa también a la progenitora de colaborar en el asesinato del niño, al dejarlo a merced de su verdugo durante la noche mientras ella se divertía, aún a sabiendas de que éste no ofrecía las mínimas condiciones personales que garantizaran la seguridad del menor. Además, el fiscal defiende que en los meses previos a su muerte, Yasmina F. dio una paliza a su hijo, golpeándole con fuerza en la cabeza, el tórax y los glúteos.

La abuela del bebé ya había alertado antes a los servicios sociales del ayuntamiento barcelonés de Vilanova i la Geltrú de la situación de desamparo en la que se encontraba el menor desde que su madre abandonase en septiembre el hogar familiar y se llevase con ella al niño. Las autoridades municipales abrieron un expediente de protección en octubre de 2007, aunque la acusada no acudió a la cita previa ni se puso en contacto con los servicios sociales municipales.