El juez y el fiscal que asumieron el grueso del ‘caso Cursach’, imputados por supuestas irregularidades

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha citado a declarar al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán como investigados por delitos presuntamente cometidos cuando estaban al frente de la instrucción del caso Cursach, la macrocausa de corrupción policial centrada en el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach. La magistrada instructora Carmen Abrines envió la causa al Tribunal Superior en enero, porque tanto el juez como el fiscal —actualmente de baja— son aforados y solo pueden ser juzgados por un tribunal superior. Su declaración está fijada para el próximo 6 de febrero a las 9.30, según fuentes del tribunal superior balear.

La Sala también ha acordado prorrogar 18 meses la instrucción del procedimiento, que por turno de reparto recayó en el magistrado Carlos Gómez. La causa empezó investigando la filtración a la prensa de un informe policial sobre las finanzas de Bartolomé Tolo Cursach, empresario mallorquín que da nombre, aunque durante el volcado de los móviles de los policías se descubrió el grupo de Whatsapp Sancus en el que los policías comentaban su día a día con el juez y el fiscal.

Penalva y Subirán están citados como investigados por delitos de prevaricación, revelación de secretos y deslealtad profesional y detención ilegal. Los delitos coinciden con los que Abrines, titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, les atribuyó en su exposición razonada.

Los delitos de detención ilegal y prevaricación hacen referencia al auto de prisión contra el empresario Antoni Roig y otros dos investigados, dictado en enero de 2017 en el marco de la causa IME, centrada en la gestión de los polideportivos de Palma. Según los atestados, la adopción de la prisión se realizó “de modo intencionadamente lento”. El juez Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, fue apartado de la instrucción del caso Cursach en 2018 por pérdida de apariencia de imparcialidad.

La juez Abrines excluyó los delitos de coacciones a testigos y organización criminal que les imputaban las acusaciones —entre ellas, el empresario Cursach y una asociación de policías locales investigados en la macrocausa que dirigieron Penalva y Subirán—. No apreció indicios “claros, serios y fundados” para atribuirles un delito de pertenencia a organización criminal, ya que certifica que el grupo de chat era esencialmente “de trabajo”. Y tampoco consideró que la conducta de los investigados hubiera incurrido en un delito de coacción a testigos, porque en las conversaciones de Whatsapp “no se aprecia ni intimidación, ni coacción, ni inducción a ningún falseamiento de la realidad”.