El Gobierno paraliza la ley vasca que pone trabas al ‘fracking’

El Gobierno en funciones ha acordado este viernes interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la normativa del País Vasco que pone trabas al uso de la técnica de la fractura hidráulica para extraer hidrocarburos del subsuelo de esta comunidad autónoma. Con este paso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy logra una paralización automática de esa norma impugnada.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado este paso en la reunión del Consejo de Ministros; lo ha hecho diez días después de que la nueva mayoría parlamentaria aprobara una iniciativa en el Congreso en la que pedía justo lo contrario: que no se permita el fracking en España y que se suspendan los permisos existentes que contemplen esta polémica técnica, aunque sean solo de investigación.

Sin embargo, al llevar al Constitucional y lograr suspender la norma vasca el Ejecutivo desoye al Parlamento. El Gobierno avisó en julio al País Vasco que recurriría la ley al entender que pone trabas a esta técnica y que invadía competencias estatales. Se abrió entonces una negociación, que según el Ejecutivo, ha "sido infructuosa", por lo que utiliza la vía del Constitucional.

Incentivos

El fracking, un método de extracción de hidrocarburos consistente en inyectar a través de pozos agua, arena y productos químicos a gran presión para sacar el petróleo y gas de las rocas, no se ha empleado aún en España, aunque algunos permisos de investigación contemplan usarlo. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy ha legislado para intentar incentivar su empleo argumentando que así se podría reducir la dependencia energética de España.

Pero esta técnica es polémica por las afecciones medioambientales y varias comunidades autónomas han legislado en contra. El PP, en esos casos, ha utilizado la vía del Constitucional, que ha anulado las leyes regionales que prohibían sin más el fracking.

En el caso del País Vasco no existe un veto genérico, sino que hay trabas partiendo de varias normativas sectoriales. El Gobierno, sin embargo, entiende que las modificaciones incluidas en la legislación vasca "en la práctica" se podrían considerar "una previsión absoluta", advirtió en julio.

El caso de la norma vasca es especial. Partió de una iniciativa legislativa popular y fue aprobada por PSOE, EH Bildu y del PP en el Parlamento autónomo, pero no por el PNV, que gobierna la comunidad.