El Gobierno en funciones estudia si puede aprobar el acuerdo con Londres

El Gobierno español deberá tomar una decisión clave para el futuro de Europa el próximo 19 de febrero. Y sus expertos jurídicos no están seguros de que un Ejecutivo en funciones pueda asumir esa responsabilidad. La cumbre de líderes europeos que se celebrará en Bruselas en pocos días deberá suscribir un importante acuerdo con Reino Unido para evitar que este país salga de la Unión Europea. Y el pacto requiere unanimidad, lo que añade más presión a España para firmarlo.

Los negociadores de las instituciones europeas llevan semanas tejiendo un acuerdo con Reino Unido, cuyo borrador se divulgó a principios de esta semana. Aunque los 27 países restantes comenzarán este viernes a pulir algunas aristas, la voluntad comunitaria es mantener el grueso de lo pactado para permitir que el líder británico, David Cameron, lo presente como un logro y defienda ante su electorado la conveniencia de permanecer en el club comunitario. Pero las limitadas atribuciones que prevé España para los Gobiernos en funciones han sembrado dudas en el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre si puede ratificar este compromiso.

Para salvar este obstáculo, lo más probable es que el Gobierno trate de consensuar su posición con otros grupos en el Congreso de los Diputados y esgrima esa legitimidad en Bruselas. "Me parece absolutamente normal que Pedro Sánchez pida la comparecencia [de Rajoy en el Congreso] y que se consensúe la posición. Lo que se va a tratar en Bruselas implica obligaciones de futuro que tienen que ser ejecutadas por cualquier Gobierno", ha confirmado el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, desde Ouarzarzate (Marruecos).

Margallo ha rehusado aclarar si quien comparecerá será Rajoy u otro miembro del Gobierno, pero sí ha asumido el principio de que un Ejecutivo en funciones no puede avalar decisiones de envergadura sin el respaldo de una mayoría parlamentaria. También considera que lograrlo será fácil: "En cuatro años de Gobierno no ha habido ninguna discrepancia en la política europea".

España pretende poner todo de su parte para facilitar un acuerdo con Reino Unido, pero recela de algunas de las propuestas incluidas en el acuerdo. La idea de poder excluir de determinadas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios afincados en territorio británico —los españoles figuran ahora entre los europeos que más emigran allí— disgusta a España. Y especialmente el hecho de que la Comisión Europea —el brazo ejecutivo de la UE— considere ya de antemano que Reino Unido cumple los requisitos para activar ese mecanismo de exclusión. Bruselas entiende que Londres asume una presión insoportable en su Estado de bienestar, pese a tener un paro del 5,1%.