Manos Limpias pide al juez Castro que impute a la infanta Cristina

El sindicato ultraderechista Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Urdangarin, ha pedido este viernes y al juez José Castro que impute a la infanta Cristina por presunto delito fiscal y de blanqueo de dinero. En un escrito registrado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Manos Limpias pide al juez que llame a declarar como imputada a la infanta Cristina para preguntarle si conocía el presunto origen ilícito de los fondos de la empresa Aizoon, de la que era cotitular junto a su marido, Iñaki Urdangarin.

El pasado lunes el juez Castro dio un plazo de cinco días a las partes personadas en la causa para que se pronunciaran sobre la posible imputación de la hija menor del Rey tras cerrar una investigación que ha durado ocho meses sobre la economía particular de la infanta. Una vez se pronuncien todas las partes, Castro tendrá que tomar una decisión: archivar las diligencias o dictar un nuevo auto para citar a declarar a la esposa del duque de Palma.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, no se pronunciará porque ya se ha opuesto en dos ocasiones a que la infanta sea citada. A su juicio, de los informes de la Agencia Tributaria no se desprende que haya cometida alguna ilegalidad con sus gastos privados. “Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación”, recordó Horrach al juez en uno de sus escritos. La Abogacía del Estado también se opone. 

José Castro ha investigado durante ocho meses la existencia de un posible delito de blanqueo de capitales y delito fiscal de la infanta Cristina con el dinero obtenido de manera ilegal por Urdangarin a través de sus negocios millonarios con el Instituto Nòos. Castro ha rastreado los gastos, cuentas y declaraciones fiscales de la infanta y de la sociedad familiar, Aizoon, y sospecha que esta pudo ser una pantalla para ocultar el origen de esos fondos. Urdangarin se enfrenta a una acusación por varios delitos fiscales y a otros de supuesta corrupción, que le pueden suponer una petición de más de 12 años de cárcel por el fiscal.

José Castro, en la primavera de 2013, llamó a declarar a la Infanta, pero la imputación fue bloqueada por la Audiencia de Palma “por su debilidad, su inconsistencia y carácter equívoco”. No obstante, la Audiencia supuso que pudo tener “conocimiento del origen ilícito y delictivo” del dinero y por esa línea siguió Castro su investigación.