El juez citará a los expolicías franquistas cuando Argentina solicite la extradición

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citará a los expolicías españoles acusados de torturas por la juez argentina María Servini cuando las autoridades del país sudamericano formalicen la solicitud de extradición. Según fuentes jurídicas, el magistrado, al que le ha correspondido este asunto al encontrarse de guardia esta semana, ha comunicado a Interpol, agencia policial que ha tramitado la primera solicitud de entrega, que dos de los cuatro policías reclamados por Argentina ya han fallecido. Se trata, en concreto, del exescolta del Rey y del general Franco Celso Galván, que murió en 2009, y el excomisario José Ignacio Giralte González, fallecido en abril de 2007.

Los dos agentes que siguen con vida -el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño- serán citados -no detenidos- para preguntarles si quieren ser extraditados cuando Argentina cumplimente la solicitud de extradición con todos los requisitos formales. A este acto, los reclamados pueden acudir con abogado  -si no lo tienen se designa uno de oficio- y aportar las pruebas que consideren oportunas.

El pasado martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró “innecesaria” la detención de los acusados, que había sido cursada por la juez Servini a través de Interpol el pasado 18 de septiembre. El ministerio público no entra en el fondo del asunto más que de refilón —apunta que los cuatro imputados por Argentina podrían estar amparados en España por la Ley de Amnistía de 1977— y aduce cuestiones formales y de lógica.

En un escrito dirigido al juez de guardia de la Audiencia Nacional, el fiscal consideró que la orden de detención redactada por Interpol no se sustenta en un “relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión” de los delitos. Estas informaciones son exigencias del convenio bilateral de extradición con Argentina, de 1987, y de la Ley de Extradición Pasiva, de 1985, que regula la entrega de personas desde España a terceros países.