Ponerles en su sitio

El 7 de septiembre de 1999, el ministro del Interior, Jaime Mayor, anunció el acercamiento de 135 presos de ETA a las cárceles vascas para consolidar la tregua que la banda había declarado meses antes. Una tregua declarada a los tres meses de que ETA asesinara al edil del PP de Renteria (Gipuzkoa) Manuel Zamarreño, el sexto concejal popular asesinado por la banda en un solo año.

Mayor, respaldado por José María Aznar, tomó esa decisión de manera unilateral y contó con el apoyo de todos los partidos sin que ninguna de las asociaciones de víctimas protestara. Todo el mundo entendió que era una decisión que respondía a una política de Estado para facilitar el final del terrorismo.

Hoy, 13 años después, otro Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, no ha decidido un acercamiento de presos a las cárceles vascas, como Mayor, sino algo menos ambicioso como la posibilidad de que estos pueda ser acercados si se comprometen a rechazar la violencia y a desvincularse de ETA. Y, además, esta medida no se decide tras una declaración de tregua de ETA sino de algo mucho más contundente, como el anuncio de cese definitivo de la banda.

Pese a estos precedentes, Mayor ha cuestionado esta medida del Gobierno de su partido y con él sectores radicales de la derecha política y mediática, así como las élites de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo.

Rajoy ha asumido, como hace 13 años Aznar y Mayor, que su Gobierno debe hacer política de Estado ante la oportunidad de acabar con más de cuarenta años de terrorismo, con la diferencia de que hoy las posibilidades son mucho más reales que entonces.

Ante este panorama, el PP vasco —enfrentado con Mayor— está animando a Rajoy y al ministro del Interior, Jorge Fernández, a que no cedan ante la presión de la derecha radical, que quiere bombardear cualquier intento de consolidar el final del terrorismo.

Rajoy cuenta, además, con el apoyo de la casi totalidad del espectro político, con la única excepción de UPyD —que juega al oportunismo en esta materia— y la izquierda abertzale.

Con esas cartas en la mano, Rajoy tiene la oportunidad de poner en su sitio a la derecha radical y sus apoyos, alimentada, por cierto, por el PP en su oposición a la política antiterrorista del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El argumento es claro y contundente: en un país democrático la política antiterrorista la deciden los Parlamentos y el Gobierno. No unos grupos de presión.