Hacer caja desde la Casa Blanca

Donald Trump ha cruzado en estos nueve meses de su segundo mandato muchas líneas rojas, pero en pocos ámbitos resulta tan evidente la apropiación personal de la autoridad política como en lo relacionado con su patrimonio y el de su familia. No es el primer presidente de Estados Unidos que procede del mundo de los negocios, pero ninguno hasta ahora había vuelto tan difusa la frontera que separa el servicio público del beneficio privado, límite clave en el funcionamiento de todo sistema político democrático.

Desde que el 20 de enero se instaló por segunda vez en la Casa Blanca, Trump ha hecho un uso tan agresivo del poder que ha debilitado el modelo de controles y contrapesos, base misma de la democracia estadounidense. Tampoco ha dudado en reprimir el disenso y poner toda la maquinaria del Ejecutivo al servicio de la intimidación de la prensa, la sociedad civil y la oposición. Sus decisiones en política exterior están redefiniendo el marco del uso de la fuerza y las fronteras del derecho internacional. Y han dejado claro a las grandes corporaciones, a los oligarcas tecnológicos y a cualquier foráneo interesado en hacer negocios en Estados Unidos que en el Despacho Oval todo tiene un precio.

Es difícil poner números concretos al enriquecimiento de los Trump en este tiempo, pues muchos de sus negocios no cotizan en Bolsa y el entramado empresarial creado dificulta su fiscalización. Distintas investigaciones estiman que su patrimonio, que se calculaba a finales de 2024 en unos 2.300 millones de dólares, ha podido multiplicarse por tres e incluso por cinco en estos meses. Sin embargo, hay algunas evidencias incontestables. La inversión familiar en el mercado de las criptomonedas no existiría ni sería tan lucrativa sin los cambios legislativos de su propia Administración, que ha excluido a la Reserva Federal y otras agencias federales del negocio, hoy exclusivamente en manos privadas. Sus hijos cierran acuerdos con muchas petromonarquías justo antes de la visita oficial del propio Trump al país de turno y algunos de esos gobiernos son autorizados a hacer negocios en Estados Unidos —como la participación del fondo de Abu Dabi MGX en las operaciones de TikTok USA— después de depositar miles de millones en una start up cripto fundada por la familia presidencial. Por su parte, las tecnológicas se han rendido al pago de indemnizaciones millonarias al propio Trump para dar carpetazo a los litigios planteados por el presidente.

Con todo, lo peor es que semejante nivel de monetización de un cargo público no tiene la contestación social y política que podría haber suscitado en otros momentos. Donald Trump ha derribado muchos de los límites de lo que se consideraba aceptable en un presidente al hacer pasar las preocupaciones éticas por cuestiones partidistas. La polarización política, además, provoca una erosión de los mecanismos de control y de asunción de responsabilidades, lo que permite que el mandatario no se vea obligado a rendir cuentas ante los suyos. Sin resistencia efectiva por parte de la sociedad y de las instituciones independientes, el deterioro de algunos de los principios fundamentales de la democracia estadounidense puede ser irreversible.