Solidaridad hecha ley

El Congreso aprobó el jueves la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox, apoyaron un texto que sustituye a la obsoleta ley de 1998 y configura el marco jurídico en el que se desarrollarán los esfuerzos de solidaridad internacional de España como parte de un deber moral y político que va más allá de la coyuntura económica. Junto a la legislación aprobada ya en materia de acción exterior en 2014 y 2015, la nueva norma conforma ahora un marco sólido y perfectamente acomodado a las exigencias que se le plantean a España si quiere reforzar su presencia e influencia internacionales.

La ley ha sido el resultado de un proceso participativo con los sectores implicados que encauza y materializa la vocación solidaria de España alineándola con los compromisos de la agenda de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. La solidaridad ya estaba incluida como principio rector en la Estrategia Española de Acción Exterior (2021-2024) y obligaba a España a una participación activa en un mundo “en el que las graves carencias en materia de desarrollo, pobreza e injusticia, en todas sus formas” deben ser “atendidas con la urgencia y contundencia que merecen”. Se trata, en suma, de singularizar una idea de poder blando sobre el que hacer pivotar el liderazgo internacional de España, junto al reconocimiento explícito del enfoque feminista que debe prevalecer, según la nueva ley, en todos los ámbitos de actuación de la acción exterior. En términos tangibles, el texto fija para el año 2030 el objetivo de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a la ayuda oficial al desarrollo, y el 10% de ella se destinará a ayuda humanitaria (hoy apenas supera el 2%), en un acuerdo pactado con las ONG. Frente al 0,34% previsto para 2023, el esfuerzo económico que España deberá hacer en los próximos años será importante.

El desarrollo reglamentario deberá realizarse en el plazo de los próximos seis meses para configurar la nueva Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo como instrumento estratégico, además de redactar un estatuto del cooperante que incluya las condiciones laborales de las personas que se dedican a la cooperación y permita facilitar el diseño de una carrera profesional. El recién creado Fondo Español de Desarrollo Sostenible, destinado a la cooperación financiera en forma de inversiones o préstamos, es otro ingrediente más de una legislación que invita también a las comunidades autónomas a asumir esfuerzos similares para acomodar su legislación sobre la materia al nuevo paradigma.