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Las protestas de agricultores y transportistas por el precio del combustible paralizan Irlanda por tercer día consecutivo

El Gobierno echa mano del ejército y sugiere que la ultraderecha se ha infiltrado en las manifestaciones

Un tractor en el bloqueo de la céntrica calle O´Connell en el centro de Dublín, el miércoles 8 de abril.Conor Humphries (REUTERS)

Por tercer día consecutivo, camioneros y tractoristas han bloqueado el centro de Dublín, las principales carreteras provinciales de Irlanda y el acceso a los depósitos principales de combustible del país. Protestan por la acelerada subida de los precios del combustible, derivada de la guerra en Oriente Próximo. El Gobierno, que solo ha accedido a negociar con las asociaciones oficiales de transportistas y agricultores, ha amenazado con echar mano de las Fuerzas de Defensa Irlandesas (el nombre oficial del ejército) para desbloquear las vías.

La protesta ha sido el fruto del activismo en redes sociales de un puñado de profesionales del campo y de la empresas de transportes, que comenzaron por exigir al Gobierno que hiciera algo ante la subida de los combustibles. Aseguraron que estaban al borde la ruina, y activaron el malestar de miles de individuos que decidieron llevar la protesta a la calle, al margen de las consignas que pudieran emitir asociaciones como la Asociación Irlandesa de Transportistas de Carretera o de las diversas organizaciones agrícolas.

James Geoghegan, un subcontratista agrícola que agitó desde un principio la situación a través de sus cuentas de TikTok y de Facebook, ha contado al diario Irish Times cómo pasó de pagar 86 céntimos de euro por litro del diésel verde ―el combustible con impuesto más bajo, destinado al uso agrícola―, a los 1,48 euros que paga actualmente. Mientras el Gobierno, calcula, ha podido doblar el IVA que recauda por litro, de unos 10 a unos 20 céntimos, la única reducción de ayuda que han ofrecido es de apenas tres céntimos por litro. Geoghegan estima que sus gastos aumentarán en todo el año cerca de 70.000 euros.

Los manifestantes reclaman un tope en el precio del combustible, para evitar nuevas subidas.

No todo es combustible

Pero junto a la reclamación de ese límite en el precio del diésel se han mezclado otras consignas y protestas con un tufo xenófobo y ultraderechista. Son muchos los manifestantes que denuncian las ayudas que el Gobierno destina a los refugiados ucranios o de otros lugares del mundo que han llegado a Irlanda en los últimos años. Y el Gobierno irlandés sospecha que figuras controvertidas como el ultra radical inglés, Tommy Robinson, ha aprovechado el malestar de transportistas y agricultores para lanzar sus propios mensajes de odio.

De hecho, partidos de la oposición como el Sinn Féin, que en un principio expresaron su apoyo hacia los manifestantes, han comenzado a tomar distancia de unas protestas que están afectando a la economía del país y al bienestar diario de los ciudadanos.

El ministro de Justicia, Jim O´Callaghan, ha exigido este jueves la disolución inmediata de las protestas y el fin de los bloqueos, y ha advertido de posibles consecuencias penales para los participantes que bloquean carreteras y calles. “Ya han expresado su mensaje, y el Gobierno lo ha escuchado. Ha quedado claro también el enorme daño que han causado a la economía y a los ciudadanos irlandeses”, ha dicho el ministro.

La decisión del Gobierno, presionado por la patronal empresarial, las asociaciones de comerciantes o las gasolineras, de echar mano del ejército ha provocado nerviosismo y reacciones encontradas en un país que no se siente cómodo con la presencia militar.

En el centro de Dublín y en otras zonas afectadas por el bloqueo, algunos ciudadanos han decidido expresar su solidaridad con los manifestantes, y les llevan comida y bebida para que aguanten la protesta. La carretera de acceso al aeropuerto de la capital está prácticamente colapsada, y este jueves ha podido verse a muchos viajeros recorrer andando con sus maletas los últimos kilómetros para no perder sus vuelos.

En Dublín, muchas líneas de autobús han sido canceladas o han sufrido desvíos de su ruta habitual.

La ministra de Defensa, Helen McEntee, ha sugerido que las actividades de algunos de los manifestantes rozan “el terreno de la criminalidad”. El derecho a protestar es “sacrosanto”, ha dicho, pero debe haber algún tipo de respuesta efectiva ante el bloqueo de depósitos de combustible, las ambulancias paralizadas incapaces de acceder a los hospitales, o el pienso necesario para alimentar al ganado inmovilizado en los puertos.

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