Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe
El sentenciado alegó en el juicio que actuó movido por el apoyo del político a una iglesia que arruinó a su madre

Tetsuya Yamagami, el hombre que en 2022 mató a tiros con un arma de fuego casera al ex primer ministro japonés Shinzo Abe mientras este daba un mitin en la calle, ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua. La sentencia ha calificado de “viles y extremadamente crueles” unos hechos que conmocionaron al país y al mundo, según ha recogido la agencia nipona Kyodo.
Abe, quizá el político japonés más popular de las últimas décadas, había dejado a un lado la jefatura del Gobierno casi dos años antes por motivos de salud, pero seguía participando en la vida pública. Cuando recibió los disparos en la ciudad de Nara, al oeste del país, tenía 67 años.
Durante el juicio, Yamagami admitió haber sido el autor del magnicidio, pero su defensa argumentó que la pena de prisión no debería superar los 20 años. Sus abogados presentaron a Yamagami como víctima a su vez de un grupo religioso, y cuya trágica crianza fue lo que le llevó a matar a Abe.
La Fiscalía, en cambio, reclamaba la pena de por vida argumentando la brutalidad del ataque a plena luz del día contra una figura pública indefensa, la premeditación del crimen para el que se preparó fabricando más de 10 armas, el amplio impacto social y la irracionalidad del motivo, ya que Abe no había causado directamente daño financiero a su familia.
El acusado afirmó en las sesiones que guardaba rencor hacia la Iglesia de la Unificación, una secta cristiana de origen coreano, porque su familia sufrió la ruina financiera debido a las grandes donaciones de su madre al grupo religioso, por un total de 100 millones de yenes (unos 540.000 euros).
Y aseveró que creía que Abe estaba “en el centro de la participación política de la Iglesia de la Unificación” en Japón. El entonces ex primer ministro había sido (y aún es) el dirigente que más tiempo ha permanecido al frente del Gobierno de Japón en la historia constitucional del país, y seguía siendo entonces una figura política influyente incluso después de su renuncia en 2020.
El tribunal declaró a Yamagami culpable no solo del cargo de asesinato, sino también de violar la normativa sobre disparos de armas estipulada en la ley de control de armas de fuego y espadas.
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