La justicia de Corea del Sur condena al expresidente Yoon Suk-yeol a cinco años de cárcel por su imposición de la ley marcial

La justicia de Corea del Sur ha comenzado este viernes a dirimir las consecuencias penales del decreto de ley marcial que ordenó en diciembre de 2024 el entonces presidente Yoon Suk-yeol. El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha condenado a Yoon a cinco años de prisión por un conjunto de delitos entre los que se incluye el de obstrucción a la justicia, al considerar probado que bloqueó la actuación de las autoridades cuando estas acudieron a detenerlo en el marco de una investigación sobre su imposición de la medida extrema. También ha sido declarado culpable de falsificación de documentos oficiales y del incumplimiento de los procedimientos legales exigidos para poner en marcha la ley marcial.

Se trata del primer fallo vinculado al complejo entramado de procesos que acorralan al exmandatario de 65 años por aquel episodio que sacudió los cimientos institucionales del país y derivó en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en la democracia asiática, aliada clave de Estados Unidos en la región. Su equipo legal ha anunciado que recurrirá la sentencia y considera que la decisión se ha adoptado “de manera politizada”.

El verdadero golpe, sin embargo, puede llegar el próximo 19 de febrero, cuando este mismo tribunal determine si Yoon cometió una insurrección y trató de subvertir el orden constitucional, un delito por el que la Fiscalía solicitó esta semana la pena de muerte. La sentencia conocida hoy se considera clave para ese veredicto. Los tres magistrados han señalado al emitirla que la gravedad de los delitos que se han juzgado es “muy elevada” y que el acusado no ha mostrado signos de arrepentimiento en ningún momento.

El presidente del tribunal, el juez Baek Dae-hyun, ha sostenido que Yoon abusó “de la enorme influencia que le confería la presidencia” para impedir la ejecución de “órdenes judiciales legítimas” y que, con ese fin, “privatizó a funcionarios públicos leales a la República de Corea para su seguridad personal y su propio beneficio”.

Aquel intento de detención en enero del año pasado marcó un punto de inflexión en la crisis institucional. Aunque había sido cesado de sus funciones por el Parlamento (pero aún no estaba confirmada su destitución definitiva), Yoon se atrincheró en su complejo residencial y ordenó al Servicio de Seguridad Presidencial bloquear el acceso de los investigadores que acudían a arrestarlo. Aquella operación fracasó y obligó a un segundo despliegue, en el que participaron más de 3.000 agentes y que culminó finalmente en el primer arresto de la historia del país de un líder en ejercicio. “Es necesario un castigo severo acorde con la gravedad”, ha sentenciado el juez Baek.

El tribunal también determinó este viernes que Yoon vulneró los derechos de siete miembros de su Gabinete, a quienes no notificó la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial. El exdirigente únicamente convocó a los ministros que consideraba leales a su causa, en un encuentro que apenas se extendió cinco minutos. Además, los magistrados señalaron que la proclamación del estado de emergencia constituye la falsificación de un documento público.

No obstante, la sentencia de este viernes equivale a la mitad de la solicitada el mes pasado por el equipo del fiscal especial Cho Eun-suk. Yoon solamente ha sido absuelto del cargo de una supuesta orden de difundir información falsa a la prensa extranjera.

Yoon, antiguo fiscal general del país, fue destituido como jefe del Estado por el Tribunal Constitucional el pasado abril, lo que abrió la puerta a que la justicia siguiera adelante investigando otros cargos criminales relacionados con los eventos del 3 de diciembre de 2024. El exmandatario surcoreano, que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año, tiene aún otros siete juicios pendientes, cinco de ellos relacionados con la imposición de la ley marcial. Está también acusado de abuso de poder, de falso testimonio y de “beneficiar a un Estado enemigo”, a raíz del presunto envío de drones a Corea del Norte con el objetivo de avivar la tensión entre los dos vecinos en 2024.

Pero el cargo más grave que se le imputa es el de insurrección. La Fiscalía sostiene que Yoon forzó los límites constitucionales al decretar la ley marcial sin que mediara una guerra o una emergencia nacional que la justificase. Según la acusación, movilizó a tropas y policías para sellar el perímetro de la Asamblea Nacional e impedir que los diputados frenaran la medida, e incluso llegó a ordenar la detención del presidente del Parlamento y de los entonces líderes de la oposición. Yoon ha mantenido a lo largo de estos meses que no pretendía instaurar un régimen militar, sino que buscaba “alertar sobre las irregularidades cometidas por la oposición” (a la que acusaba de simpatizar con Corea del Norte) y “proteger la democracia de actividades antiestatales”, pero los investigadores consideran que el trasfondo real fue su propio acorralamiento político.

La Fiscalía ha llegado a expresar que el intento de Yoon de imponer la ley marcial “dañó la dignidad de la nación de forma mucho más grave” que el golpe militar de Chun Doo-hwan en 1979, que abrió uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país y que se extendió hasta 1988. Chun fue condenado a muerte por liderar una insurrección, aunque posteriormente la pena fue conmutada por cadena perpetua, y finalmente fue indultado en 1997. La acusación ha solicitado que se castigue a Yoon con la pena capital. No obstante, aun de ser condenado, Corea del Sur no ejecuta a nadie desde 1997.

Al margen de los cargos relacionados con la ley marcial, Yoon está imputado en otros tres frentes, incluida una investigación por corrupción en la que figura como pieza central su esposa, Kim Keon-hee. También está acusado de interferir en las elecciones presidenciales de 2022 y de realizar declaraciones falsas durante su campaña, así como de presuntamente manipular o interferir en la investigación sobre la muerte de un joven oficial de la Marina en 2023 y de ayudar al principal sospechoso en ese caso.