Bruselas abre expediente a Hungría por la ‘ley Stop Soros’

Bruselas redobla el pulso legal contra Hungría por la migración. La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento a este país por la llamada ley Stop Soros, que prevé penas de cárcel para personas y organizaciones que ayuden a los demandantes de asilo. Además de introducir ese nuevo caso, Bruselas envía a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la norma que permite encerrar a los asilados en zonas de tránsito, con enormes restricciones para solicitar protección.

Más información

Hungría aprueba la polémica ley que criminaliza la ayuda a los migrantes

Orbán contra Soros

“Hungría es un país pequeño. No cabe todo el mundo”

Desde que el Gobierno del populista Viktor Orbán aprobó la ley conocida popularmente con el nombre del magnate George Soros, estadounidense de origen húngaro demonizado por Orbán por sus ideas liberales, Bruselas supo que vulneraba el derecho europeo. Casi un mes después de que saliera adelante, las autoridades comunitarias se dirigen por carta al Ejecutivo húngaro (primera fase del proceso sancionador, que puede acabar con una multa en el Tribunal de Justicia de la UE) para expresarle sus objeciones. Budapest tiene dos meses para responder.

Bruselas discute la legalidad de fijar consecuencias penales para quienes presten asistencia a los demandantes de asilo (especialmente a las ONG que les asisten). También se inquieta por la nueva regla que impide solicitar el estatus de refugiado a quienes hayan pasado por otro país considerado seguro antes de llegar a Hungría (por ejemplo, a un sirio que antes hubiese recalado en Turquía).

La justicia decidirá

Con estos elementos, Hungría “falta a las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados de la Unión”, concluye el comunicado del Ejecutivo comunitario. Como refuerzo a su tesis, añade que el Consejo de Europa (a través de la Comisión de Venecia) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han publicado una opinión conjunta contraria a la iniciativa húngara.

Es poco probable que el Gobierno de Orbán utilice los dos meses de que dispone para dar marcha atrás. Ese país no se ha movido un ápice en la otra norma controvertida ligada a la migración: la que permite encerrar sin límite de tiempo a potenciales refugiados, con cuotas para la solicitud y escasas garantías en los procesos de expulsión. Tras reconvenir a Hungría, la Comisión remite el caso al tribunal con sede en Luxemburgo, que se pronunciará sobre la legalidad de la ley. Si Budapest incumple lo dictado por el juez, puede recibir una sanción.