El régimen de Maduro entra en el conflicto catalán y exige a España la libertad de “los presos políticos”

El Gobierno de Nicolás Maduro se ha pronunciado este viernes sobre el desafío independentista catalán dando la vuelta a algunos de los argumentos utilizados por el chavismo para defender la actuación de la justicia en Venezuela, donde según la ONG Foro Penal hay 380 opositores encarcelados. Lo ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, a través de su cuenta de Twitter. Este dirigente oficialista ha exigido a España la libertad de los que califica de “presos políticos”, en referencia a la detención, dictada por la Audiencia Nacional, del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de siete exconsellers catalanes que no escaparon a Bélgica como el expresident Carles Puigdemont y otros cuatro antiguos miembros del Ejecutivo autonómico.

Arreaza ha lanzado tres mensajes en los que expresa, en primer lugar, la “solidaridad” de su país “con el pueblo de Cataluña”. En segundo lugar, escribe: “Exigimos que las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos”. Como salida a la crisis desencadenada por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre propone la negociación política. “El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión”, mantiene. Y por último se muestra confiado de que “el Gobierno español respete los derechos humanos y políticos de los presos de conciencia y que la democracia se imponga”.

Venezuela se desmarca así de los principales países de América ante este conflicto, que hace una semana provocó la reacción del Estado tras la declaración unilateral de independencia aprobada por un Parlamento regional semivacío y rechazada por la comunidad internacional. El régimen de Maduro -que ya en octubre acusó al Ejecutivo español de “perseguir al pueblo de Cataluña”- vuelve a cargar contra las autoridades, políticas y judiciales, obviando la premisa de la separación de poderes.

La pirueta retórica es significativa, puesto que el chavismo controla todos los aparatos del poder público en Venezuela. El país vive además uno de los años más aciagos de su historia reciente. En marzo quedó desautorizada la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, elegida en diciembre de 2015. Se inició así una oleada de protestas que dejó más de 120 muertos y que terminó con la toma de posesión de una nueva Cámara constituyente en la que no hay representantes críticos con el oficialismo y que ahora es la máxima expresión de los designios del Gobierno. Las elecciones regionales del 15 de septiembre lograron romper la unidad de las fuerzas opositoras, que llevan años pidiendo la celebración de comicios presidenciales y la liberación de todos sus dirigentes encarcelados, unas circunstancias que precisamente han dificultado ese diálogo que en Venezuela no se ha dado y que Arreaza pide ahora en España.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha censurado esos comentarios. "Rechazo [las] última declaración [del] canciller Arreaza. Supone desconocer independencia Poder Judicial [de] España", le ha contestado al Gobierno venezolano, también a través de Twitter, antes de recordar que, junto con los socios de la Unión Europea, España seguirá "pidiendo liberación [de la] totalidad [de los] presos políticos" en Venezuela.