El ataque aéreo al Supremo lleva a un nivel superior la crisis venezolana

Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias. Una de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República, crítica con el régimen de Nicolás Maduro, para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anula el reciente nombramiento del vice fiscal general y deja la designación de un sucesor en manos del Supremo, controlado por el chavismo. El ataque al tribunal eleva a un nuevo nivel la crisis que sacude al país desde hace tres meses.

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El helicóptero que perpetró el ataque —efectuó disparos y lanzó cuatro granadas— estaba pilotado por el inspector de la policía científica Óscar Pérez y mostraba una pancarta que decía “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a rechazar a un régimen que no respete las garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos. Pérez, contra el que se emitió este miércoles una orden de captura internacional, colgó varios vídeos en Instagram en los que asegura que forma parte “de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este Gobierno transitorio y criminal”. Sin embargo, ninguna unidad militar manifestó el miércoles su apoyo a esta ofensiva. El vicepresidente, Tareck El Aissami, informó este miércoles de que las autoridades han localizado el helicóptero en una localidad del estado de Vargas, cercano a Caracas, e indicó que por el momento no hay detenidos.

El presidente, Nicolás Maduro, condenó el ataque y prometió capturar “más temprano que tarde” a la tripulación responsable del incidente. “Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando. He activado a la fuerza Armada Nacional para defender el derecho a la tranquilidad. Yo condeno el ataque y le exijo a la Mesa de la Unidad Democrática [coalición opositora] que haga lo propio”, agregó en un acto en el Palacio de Miraflores. Horas antes, el mandatario había advertido: “Nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas”.

Hasta el mediodía del miércoles en Venezuela la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea no habían condenado el ataque —Bruselas pidió a todas las partes que “pongan fin con carácter urgente a la violencia y eviten el uso de la fuerza” y Brasil expresó su “preocupación” por la escalada de tensiones”—. El nuevo canciller, Samuel Moncada, se quejó con amargura de ese silencio. No aspiraba Moncada a que los Gobiernos respaldaran a Maduro, sino que se solidarizaran con los civiles que, a la hora del ataque del helicóptero, estaban cerca de los edificios. Era una manera de intentar imponer la idea de que el régimen de Venezuela se enfrenta a un grupo terrorista de derechas y no a una oposición democrática.

El ataque se produjo en una jornada con dos decisiones judiciales que son duros golpes del régimen, que controla al Supremo, a la línea de flotación del chavismo crítico que ha emergido durante las protestas de los últimos meses. La líder de ese movimiento es la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuya inesperada independencia ante el Gobierno ha sorprendido en medio de las protestas opositoras.

Se espera que el próximo movimiento del Ejecutivo de Maduro sea el nombramiento de un número dos de la fiscalía que le sea afín y sustituya a Ortega Díaz con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a principios de agosto. La jerarquía oficialista ha prometido convertir la convocatoria para redactar una nueva Carta Magna en la ocasión para una purga generalizada.

Con la decisión del Supremo, la Defensoría del Pueblo, cercana también al Gobierno, podrá ahora investigar, emitir opiniones, revisar expedientes, promover pruebas y recibir denuncias en casos de derechos humanos, una competencia hasta ahora reservada al ministerio público. Como en otros casos, el chavismo crea una oficina paralela para restar poder a un órgano que puede ejercer de oposición. Algo parecido hizo el fallecido expresidente Hugo Chávez cuando su adversario Antonio Ledezma obtuvo la alcaldía mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008. Maduro ha seguido el ejemplo nombrando protectorados en regiones controladas por fuerzas opositoras.

El fallo del Supremo ha convertido al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en el fiscal general de facto. Ortega Díaz lo reconoció este miércoles en una rueda de prensa similar a la que ofreció para calificar de golpe de Estado las sentencias con las que el Supremo asumió las competencias del Parlamento. “Estamos ante al desmontaje progresivo del ministerio público”.