El Parlamento salvadoreño pide juzgar al expresidente Francisco Flores

Tras una maratónica sesión de más de doce horas, el pleno de diputados de El Salvador recomendó la noche del martes a la Fiscalía General que investigue y procese penalmente al expresidente Francisco Flores por la sospecha de haber cometido graves hechos de corrupción a través de, al menos, seis delitos, además de por ser partícipe en la supuesta apropiación ilícita de unos 70 millones de dólares.

Una mayoría de 55 diputados - del total de 84 - llegó a tal conclusión después de conocer un amplio y detallado informe elaborado por una Comisión Especial que investigó los presuntos hechos cometidos el expresidente. Flores sería el primer mandatario salvadoreño procesado por corrupción en la historia republicana del país.

Flores, un alto dirigente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se encuentra en paradero desconocido, por lo que el órgano legislativo lo considera "prófugo" pues no asistió a audiencia que tenía programadas en la comisión investigadora.

“Este es un día histórico y debemos establecer un precedente contra la corrupción. Esta es una acción de resarcimiento moral”, aseveró el diputado Guillermo Gallegos, al reiterar la petición del Parlamento para que el Fiscal General, Luis Martínez, inicie el proceso penal.

Este mismo martes, el fiscal Martínez dijo claramente que el caso Flores no será procesado sino hasta después de la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrarán el 9 de marzo. Ese día se enfrentarán Salvador Sánchez Cerén -del gobernante e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), -y Norman Quijano- de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de la cual ha sido dirigente Francisco Flores.

La comisión especial elaboró un documento extenso que fue aprobado por el pleno legislativo. En él se detallan los pormenores de la investigación, así como las declaraciones dadas sobre las donaciones taiwanesas hechas al Gobierno de Flores, que se prolongó desde 1999 a 2004.

En dicho informe se sugiere a la Fiscalía General una investigación contra Flores por presunto cohecho impropio, negociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, actos arbitrarios, peculado y lavado de dinero. “Esperamos que también Estados Unidos actúe diligentemente porque Francisco Flores habría cometido lavado de dinero en bancos de ese país”, aseveró el diputado oficialista Roberto Lorenzana, del FMLN.

Por otra parte, la comisión parlamentaria pide indagar la apropiación de al menos 70 millones de dólares por parte de Flores y de “otra persona o exfuncionario que haya participado como cómplice o encubridor”.

La comisión de diputados indagó durante dos meses el destino de los millonarios fondos donados por Taiwán y entrevistó a más de una veintena de personas, entre exfuncionarios del gobierno de Flores, policías y dirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). No hubo ni uno solo de los entrevistados que apoyara a su antiguo jefe.

Flores, en sus declaraciones ante la referida comisión no supo identificar a las personas o entidades a las que se destinó los fondos que le entregó Taiwán, aunque sí reconoció que recibió cheques a su nombre personal.

El trabajo de la comisión tomó como base el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), emitido en septiembre de 2013 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el que se consigna la emisión de tres cheques por un monto acumulado de 10 millones de dólares que el Gobierno de Taiwán habría endosado a Flores. Este ROS fue denunciado públicamente por el presidente actual de El Salvador, Mauricio Funes, en contantes programas de televisión y conferencia de prensa desde noviembre pasado.

Flores admitió en su comparecencia del 7 de febrero que, durante su gestión, habría recibido fondos de la cooperación taiwanesa por un monto superior a los 10 millones de dólares que detalla el ROS. La Asamblea aprobó ampliar el mandato de la comisión para indagar los donativos hechos para la reconstrucción tras el paso del Huracán Mitch y de los terremotos de 2001.

El informe deduce además que existió una modalidad de cooperación “irregular e ilegal”, que consiste en la erogación de dinero mediante la liberación de cheques personales y que los fondos entregados al ex presidente Francisco Flores no ingresaron al Fondo General de la Nación. Tampoco fueron objeto de auditoría alguna y no están registrados en ningún ente del Estado, por lo tanto procede un proceso penal para determinar el destino final y la recuperación de los montos millonarios de los cuales Flores no da razón.