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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y ha autorizado repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 15 JULIO 2025 Jesús Hellín / Europa Press 15/07/2025Foto: Jesús Hellín (Europa Press)
CONSUMO

El plan de Bustinduy para transformar el consumo (y que no hace gracia a muchas empresas)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy (Sumar), ha presentado un paquete de medidas que busca reequilibrar la relación entre consumidores y grandes empresas.

Leyes en marcha (y en el aire). Solo una medida ha sido aprobada: el decreto sobre comedores escolares. El resto está en proceso y algunas, como la ley de atención al cliente o la prohibición de publicidad de alimentos insanos para niños, podrían enfrentarse a obstáculos políticos y técnicos.

Medidas clave:

  • La regulación del greenwashing —la publicidad engañosa que presenta productos como ecológicos sin pruebas reales— y el control de la reduflación, que obliga a informar cuando se reduce la cantidad de un producto manteniendo su precio.
  • También se plantea limitar el coste de la reventa de entradas, que no podrían superar el aumento del IPC, para evitar abusos y especulación.
  • Además, se incluyen nuevas obligaciones en la atención al cliente: responder reclamaciones en 15 días, atender llamadas en menos de tres minutos y garantizar que el usuario pueda hablar con una persona y no solo con una máquina.

Respaldo ciudadano, resistencia empresarial:

  • Las asociaciones de consumidores valoran el impulso normativo.
  • Pero las patronales empresariales muestran preocupación: temen que las nuevas obligaciones generen costes adicionales que podrían trasladarse al precio final que paga el consumidor.

©Foto: Jesús Hellín (Europa Press)

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