La Justicia investiga a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid por un delito de prevaricación

La crisis que sufre el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) desde que celebró sus últimas elecciones en diciembre de 2024 ha desembocado en los tribunales. El Juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia por vía penal contra los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, incluido su presidente, Manuel Martínez-Sellés, por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, castigado con penas de entre 9 y 15 años de inhabilitación. El tribunal investigará a la Junta Directiva por la resolución que adoptó el pasado 17 de marzo y que supuso el cese de la Junta Electoral del Icomem, un movimiento polémico relacionado con las elecciones colegiales del 17 de diciembre de 2024, en las que Martínez-Sellés y su equipo habían resultado perdedores.

En los comicios de 2024 el candidato Tomás Merina, un médico y empresario apoyado por el sindicato Amyts, logró conquistar la victoria con su candidatura Icomem Para Todos, logrando el 47% de los votos, pero su ascenso al poder se vio truncado y, en su lugar, el anterior presidente, Manuel Martínez Sellés, se mantuvo durante todo el 2025 en una especie de gobierno de facto.

La toma de posesión de Tomás Merina, prevista inicialmente para el 22 de enero, no se llegó a celebrar, porque la Comisión de Recursos del propio colegio había invalidado su candidatura. Este órgano colegial alegó que Merina no cumplía con las condiciones para ser candidato por no estar en ejercicio de la profesión. El presidente recién elegido negó la acusación y llevó el asunto al juzgado de lo contencioso-administrativo, que desestimó las medidas cuatelarísimas y cautelares en un primer momento y ha dejado el conflicto en el aire hasta ahora. Martínez Sellés sigue en el poder mucho tiempo después de vencerse el período en funciones porque los estatutos del colegio no contemplan los pasos a seguir en esta situación por ser absolutamente insólita.

Paralelamente a ese proceso judicial, que certificará si el ganador de las elecciones cumple o no con los requisitos, ahora las dos partes se enfrentan en una nueva cruzada judicial. Tomás Merina expone en el escrito de denuncia que el cese de la Junta Electoral se realizó para “eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática” y “mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas”. Además, la denuncia recuerda que ninguna norma habilita a la Junta Directiva, y menos aún estando en funciones, para despojar de sus funciones a la Junta Electoral.

En su auto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza instructora afirma que los hechos señalados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y, en consecuencia, decide incoar diligencias previas y dar conocimiento del caso al Ministerio Fiscal para investigar más a fondo el asunto.

De acuerdo con la denuncia, el cese de la Junta Electoral se enmarca dentro de un proceso de “usurpación del poder” que lleva ya más de un año en marcha en el Colegio de Médicos de Madrid. “La gravedad de esta transformación no puede ser minimizada: supone que la Junta saliente se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la interinidad en un mandato ilimitado, y elimina al único órgano independiente —la Junta Electoral— llamado a garantizar la pureza del proceso democrático” , señala el escrito.

El cese de la Junta Electoral se produjo “de forma completamente opaca”, según la parte perjudicada. El equipo de Tomás Merina se dirigió en varias ocasiones al órgano encargado de velar por el proceso electoral para pedir amparo ante “el atropello democrático” que estaba ocurriendo en el Icomem. En un momento dado, la Junta Electoral trasladó a Merina que dejaría de atender sus peticiones porque la Junta Directiva le impedía seguir desarrollando sus funciones.

El Icomem no comunicó esa decisión a sus colegiados, y el equipo de Merina solicitó hasta en cinco ocasiones conocer si verdaderamente existía una resolución de la Junta Directiva ordenando el cese de la Junta Electoral. Ante la opacidad de las decisiones de Martínez-Sellés, el equipo de Merina decidió acudir al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que finalmente —aunque con meses de retraso— obligó al Icomem a ofrecer la información que había estado ocultando.

La candidatura Icomem Para Todos afirma que existe un acuerdo de la Junta Directiva en el que, brevemente, se expone que como consecuencia del litigio en torno al proceso electoral “se considera necesario dar por concluida la actividad de la Junta Electoral” y se suspende su actividad “hasta que proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial”.

De acuerdo con la denuncia presentada por el doctor Merina, este acto “pervierte la democracia interna del Colegio y anula los derechos de los colegiados” , por lo que supone un “fraude institucional” y encaja en el tipo penal de prevaricación administrativa.

Los miembros de la Junta Directiva en funciones contra los que se dirige la denuncia admitida a trámite son: Manuel Martínez-Sellés (Presidente), Javier Martín (Vicesecretario), José Antonio Valero (Tesorero), María Esther Cordón (vocal de Ejercicio Libre), Rafael Carlos Ortega (vocal de Atención Primaria) y Santiago Sevilla (vocal de Médicos no asistenciales).