Ayuso revive la Ciudad de la Justicia de Aguirre tras 20 años de espera, tres fiascos, condenas a cárcel y millones de euros públicos perdidos

Las obras de la Ciudad de la Justicia arrancan este jueves con la plantación de un pequeño roble, que echa sus raíces en presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida. Es una imagen cargada de simbolismo. Nueva. Inédita. Alejada de una fotografía que remite a un pasado tenebroso: la de Esperanza Aguirre colocando hace prácticamente 20 años, casi en el mismo lugar, la primera piedra de un proyecto destinado, como el de ahora, a reunir todas las sedes judiciales de Madrid en un único núcleo radicado en Valdebebas (Hortaleza). Solo aquel acto de 2007 costó 1,4 millones de euros. Después se gastaron cientos de millones más. Y únicamente se levantó un edificio de los 14 previstos. Esto dijo Aguirre cuando declaró como testigo en el juicio que acabó condenando a siete años de prisión a su exconsejero y exvicepresidente regional, Alfredo Prada, como máximo responsable: “Pensamos que ‘ancha es Castilla’; que no nos iba a costar [nada la obra], pero nos costó”.

A Díaz Ayuso también. Para llegar hasta la ceremonia de inauguración de este jueves y decir que la Ciudad de la Justicia “será un símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho”, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que rectificar de norte a sur su proyecto inicial.

Porque Ayuso, como Aguirre, imagina una Ciudad de la Justicia que le salga gratis al gobierno. Si la primera baronesa intentó hacerlo con las cuentas de la lechera (pensaban ir vendiendo las sedes judiciales que quedaran vacías en el centro para pagar las obras), su heredera plantea un modelo concesional a 40 años. A saber: se convoca un concurso, la empresa ganadora corre con los gastos de la construcción, y a cambio ingresa un canon anual y explota servicios como los párkings, o el alquiler de las oficinas. ¿La promesa? Que al final de la concesión habrá ganado 230 millones de euros. Pero a las compañías no les salen las cuentas. Demasiado tiempo. Demasiada incertidumbre. Y así, tras declarar dos veces desierto el concurso concesional, el ejecutivo de Ayuso tiene que optar por impulsar el complejo con fondos propios. Pagando directamente.

“Frente a nosotros se va a levantar la Plaza de la Justicia, que dará acceso al complejo y será casi tan grande como la Puerta del Sol”, celebra este jueves la presidenta para dar el pistoletazo de salida a estas obras, que son uno de los proyectos estrella de la legislatura, y con las que pretende construir el mayor complejo judicial del mundo.

La Comunidad de Madrid invertirá más de 653 millones, y empleará un equipo de 3.000 profesionales, más de 200.000 metros cúbicos de hormigón y cerca de 24.000 toneladas de acero para hacer posible en tres años la Ciudad de la Justicia, según asegura el departamento que dirige el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Si todo va bien, las obras terminarán en 2029.

“La Ciudad de la Justicia Será entonces cuatro veces mayor que el Tribunal de Justicia de París, por ponerles un ejemplo”, ha presumido Ayuso. “Se reunirán en un único lugar los 378 órganos jurisdiccionales que hoy se encuentran dispersos por 26 sedes”.

En los más de 470.000 metros cuadrados construidos habrá varios edificios: el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y resto de órganos, que se situarán en una plataforma cuadrada con estructuras rectangulares y una avenida central de casi 10.000 metros cuadrados. Según ha detallado este miércoles García Martín, el Gobierno regional se ahorrará 80 millones por el alquiler de sedes judiciales como consecuencia del traslado a la Ciudad de la Justicia y el cambio de sedes de consejerías que van a disponer del espacio que hasta ahora se dedicaba al ámbito judicial, como es el caso del inmueble de Plaza Castilla.

Pero para llegar hasta aquí, el proyecto atraviesa una larga travesía por el desierto. Son tres fiascos. Fiasco con Aguirre, presidenta entre 2003 y 2012 que dio luz verde a la idea en 2005. Fiasco con Ignacio González, que intentó reactivar el proyecto entre 2012 y 2015. Y fiasco en los dos primeros intentos de Ayuso por levantar el complejo con el modelo concesional.

Cuando la Cámara de Cuentas investigó las cuentas de la empresa pública Campus de la Justicia entre 2005 y 2015 concluyó que las cifras no cuadraban. Solo en gastos sin soporte contractual había 4,8 millones de euros, a lo que se añadían dispendios impropios de una compañía dependiente de la Administración pública. El proyecto fue presentado 72 veces, y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 60.000 euros, y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Había más jefes que subordinados. Y al final se gastaron más de 300 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.

Cuando Ayuso decidió retomar el proyecto de Aguirre, que ya había descartado Cristina Cifuentes (2015-2018), solo quedaban dos cosas de la idea original. De un lado, el donut del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, que es lo único que se llegó a construir. Del otro, los diseños de los afamados arquitectos a los que les encargó Aguirre cada edificio.

Dio igual la firma y la factura. Que Norman Foster hubiera ingresado más de 10 millones de euros. Que la dupla Zaha Hadid y Patrick Schumacher, o el despacho Peí Cobb Freed & Partners, estuvieran en el proyecto. Sus diseños fueron inmediatamente descartados.

Mientras la justicia condenaba a los gestores de aquel primer intento con Aguirre, el equipo de Ayuso buscaba un comienzo nuevo. Por eso, este jueves, eligió la opción de plantar un roble como el mejor símbolo de esa ruptura con el pasado.

“Sus raíces profundas evocan el arraigo en los principios democráticos recogidos en la Constitución de 1978, que ahora más que nunca tenemos que defender. Y sus ramas abiertas simbolizan el derecho de todos a una tutela judicial efectiva y recuerdan que todos somos iguales ante la ley”, ha dicho el consejero García Martín para presentar la legislatura de las infraestructuras judiciales y la Ciudad de la Justicia como su producto estrella. “Dotar a la justicia de los medios necesarios y garantizar su independencia resulta primordial”, ha insistido. Y así, la Ciudad de la Justicia ha echado a andar de nuevo.