El derribo de un spa estresa Oia: 17 años de papeleo para indultar un hotel que se autorizó en suelo protegido

Cuando la justicia declaró ilegal el Talaso Atlántico de Oia (Pontevedra), un hotel de 70 habitaciones, balneario y vistas al mar, Alberto Núñez Feijóo aún no había jurado como presidente de la Xunta y Yolanda Díaz era concejala en Ferrol. La mole levantada en suelo protegido de cabo Silleiro esquiva desde hace 17 años una orden judicial de demolición gracias al papeleo y los abogados que paga este pequeño ayuntamiento del Baixo Miño para intentar legalizarla. Fue un gobierno local del PP el que le dio una licencia ilegal y Feijóo desde la Xunta clamó por su indulto. Hace unas semanas, sin embargo, llegó de los juzgados un ultimátum para que sea derribado. “Nos llevaría a la ruina”, advierte la alcaldesa de este municipio de 3.000 habitantes.

Con un presupuesto municipal de dos millones de euros, la popular Cristina Correa augura una quiebra por el coste que supondría tirar abajo el edificio y la indemnización que podría reclamar la empresa propietaria porque lo levantó con licencia, aunque fuera ilegal. El spa es fuente de estrés constante para el Ayuntamiento de Oia. Se alza a pie de costa para captar agua de mar que usa en sus tratamientos, sobre 25.000 metros cuadrados de suelo rústico de especial protección y dentro de un espacio de interés paisajístico. La norma que hacía urbanizable la parcela no entró nunca en vigor debido a una misteriosa desaparición que sigue sin explicarse. Sin cobertura legal, el popular Álvaro Miniño, que gobernaba el municipio desde 1978, le otorgó licencia a la promotora en el año 2000.

El socialista José Antonio Olmedo formaba parte de la oposición municipal cuando ocurrió aquello. “Urbanísticamente esto era un descontrol”, recuerda el hoy portavoz de su partido en el Ayuntamiento. Asegura que “valía todo” y que la mayoría de las licencias se otorgaban “por decreto del concejal de Urbanismo, sin informe jurídico”. En este caso fue la denuncia de un particular aficionado a los pleitos urbanísticos quien llevó el Talaso a los tribunales. A juicio de Olmedo, el gobierno del PP ha otorgado a la empresa del hotel ilegal un “trato de favor”, ya que en su día redactó una ordenanza para recalificar el suelo y encajar el complejo en cabo Silleiro y ahora “gasta fondos públicos para informes jurídicos y planes parciales” con los que intentar evitar su demolición total. “Se deben defender los puestos de trabajo, pero las decisiones judiciales hay que respetarlas”, afirma sobre otro de los argumentos del PP para salvar el spa. Respecto a la indemnización millonaria que teme la alcaldesa, cree que está por ver si la empresa tendría derecho a ella, algo que decidiría la justicia tras reducir la mole a escombros.

El Talaso Atlántico, entretanto, ha estado funcionando sin problemas y ha recibido subvenciones de la Xunta y fondos europeos. Ha sobrevivido a la sentencia que en 2009 lo declaró ilegal, a la orden judicial de derribo que recibió el Ayuntamiento en 2012, y a la posterior amenaza de multas que dictaron los jueces para forzar al consistorio a enviar la piqueta. En medio de denuncias ecologistas por vertidos contaminantes, el gobierno local empezó hace siete años a tramitar un plan urbanístico que legalizara el complejo. La alcaldesa aún no ha logrado culminar ese documento salvador y culpa a la burocracia. “El mundo del urbanismo es tremendamente complicado”, aduce.

Todos los meses, cuenta Correa, se envía un escrito al juzgado explicando cómo va el proceso de legalización. “Los jurídicos me van pasando papeles y yo voy firmando”, relata sobre la década que lleva en el cargo. Han presentado ante la justicia dos cronogramas con un plazo de aprobación de ese plan, pero ambos se han incumplido. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Pontevedra parece haberse hartado. Acaba de emitir un auto que ordena al Ayuntamiento requerir ya a la empresa del talaso que tire abajo el complejo. El gobierno local ha presentado un recurso de reposición pero al mismo tiempo ha instado formalmente a la dueña del hotel a demolerlo. La esperanza de la alcaldesa es que el juzgado admita un nuevo plazo para aprobar el plan urbanístico que legalizaría el inmueble. La decisión de parar o no el procedimiento de derribo que acaba de arrancar está en manos de un juez recién llegado. La togada anterior, la que conocía el caso, ya no está.

La asociación ecologista Verdegaia, que ha denunciado al Talaso por vertidos contaminantes, asegura que el plan especial que está redactando el Ayuntamiento de Oia es “irrealizable” según la legislación actual. Su portavoz, Sabela Iglesias, critica la “total impunidad” de los responsables municipales que metieron al municipio en el problema. “No serán responsabilizados de nada, ni económicamente, ni jurídicamente. Mientras no se tomen medidas contra la impunidad de los políticos de turno, estas cosas seguirán pasando”, lamenta. La alcaldesa, por su parte, discrepa y defiende a sus compañeros de partido. Alega que lo hicieron “con informes [técnicos] favorables” y descarta “mala fe”.

El complejo abrió sus puertas en 2003 con ayudas públicas que rondaron los 4,5 millones de euros. En esta cantidad se incluye hasta una compensación de 740.000 euros por los daños causados por la marea negra del Prestige pese a que cuando se hundió el petrolero aún no había empezado a funcionar. La empresa ha declinado dar su versión.