El Gobierno valenciano elimina el tope máximo de 72 asesores y recupera el límite de 116 que fijó el Botànic

El pleno del Gobierno valenciano, en manos del PP, ha acordado este viernes eliminar el actual límite del número de asesores, fijado en 72 personas como máximo, con lo que el límite del personal eventual queda en los 116 que estableció el anterior Consell del Botànic, formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem. Así lo ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos del pleno, quien ha justificado la supresión de esa “autolimitación ante la posibilidad de que existan nuevas necesidades”.

El Gobierno valenciano, entonces presidido por Carlos Mazón, anunció en octubre de 2023 a bombo y platillo una reducción de la “grasa política” en referencia a la cifra de asesores que asisten al Ejecutivo autonómico, que se estableció en 62, un 47% menos del límite que estableció el ejecutivo que presidía el socialista Ximo Puig. En enero de 2025, el Consell elevó de nuevo esos 62 asesores que había establecido al inicio de la legislatura a 72 el tope de personal eventual de la Generalitat, lo que justificó entonces en la “gestión ingente” por los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024.

Barrachina ha explicado que no hay “un escenario” de número de asesores que pretenden alcanzar, pero sí “una necesidad evidente”, y es que el actual Gobierno valenciano gestiona “el mayor presupuesto ordinario de la historia” y también uno extraordinario por la dana, para lo que han reforzado el Consell y ampliado los puestos que consideran “absolutamente indispensables”.

“Se elimina la barrera porque puede surgir nuevas necesidades”, ha indicado el portavoz, quien ha señalado que tras las “acertadas medidas de reducción de la estructura política” que adoptó el Consell, que se comprometió a reducir impuestos y tener los gastos “exclusivamente indispensables”, llegó la dana, que obligó a reestructurar el presupuesto y la plantilla.

El Gobierno valenciano ha acordado además solicitar al Gobierno de España la declaración como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (conocida antes como zona catastrófica) para los municipios damnificados por el temporal de los pasados 28 y 29 de diciembre. El acuerdo recoge que la Comunitat Valenciana se vio afectada en esas fechas por un episodio de lluvias intensas y fuertes tormentas con registros que superaron en determinados puntos los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Las lluvias, no obstante, fueron torrenciales en la Comunidad Valenciana, y dejaron más de 250 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Ribera y la Safor. Además, hubo copiosas granizadas en poblaciones como Torrent y cayeron un total de 1.513 rayos en el territorio valenciano hasta las nueve de la noche del domingo, una cifra “absolutamente extraordinaria”, según la Aemet.

Debido al temporal, Aemet estableció el aviso rojo en el litoral de Valencia y la Generalitat envió dos Es-Alert para avisar a la población del riesgo. Las precipitaciones y el aumento de los caudales provocaron que se reavivaran los fantasmas en la zona que sufrió la fatídica dana del 29 de octubre. El de 2024, que causó la muerte de 230 personas. El barranco del Poyo, entre otros, y el río Magro bajaron con mucha agua, pero no se llegaron a producir situaciones de grave riesgo. Hubo algún desbordamiento puntual de los barrancos de Barxeta o del río Vaca, pero sin consecuencias de relevancia.

En concreto, se incluyen como localidades afectadas todas las de la provincia de Valencia, así como las alicantinas de Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elx, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos y San Isidro.

Este texto subraya que el fenómeno meteorológico adverso impactó de forma generalizada en toda la provincia de Valencia, especialmente en los municipios ribereños del barranco de Barxeta como Guadassuar, L’Alcúdia, Carcaixent o Simat de la Valldigna.

También recuerda sus efectos en la provincia de Alicante, concretamente en la cuenca del río Segura, donde se llegó a declarar el día 28 la situación 0 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones por alerta hidrológica.

Se alude a que los daños significativos en bienes e infraestructuras han sido corroborados por los servicios técnicos de la Generalitat y por los ayuntamientos afectados, lo que confirma la necesidad de activar los mecanismos previstos en el marco legal vigente.

Reclama al Gobierno que se activen, en coordinación con la Generalitat, las medidas de apoyo previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y en la normativa complementaria para paliar las consecuencias sobre bienes e infraestructuras.

La declaración como zona gravemente afectada por una emergencia es un reconocimiento oficial del Consejo de Ministros que certifica daños graves por desastres naturales o humanos y que activa ayudas públicas para particulares, empresas y ayuntamientos.

Nueva estructura de Atención Primaria

El Consell ha aprobado además el decreto que regula la nueva estructura de la Atención Primaria del Sistema Valenciano de Salud. Se trata de un nuevo modelo que ha sido diseñado para responder a las necesidades asistenciales actuales, como es el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población o el aumento de las enfermedades crónicas, así como a los nuevos desafíos tecnológicos, mediante la incorporación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

La Consejería de Sanidad destinará 2,5 millones de euros para consolidar una Atención Primaria dotada de una nueva estructura e impulsará la transformación digital de la sanidad mediante la incorporación de tecnología, herramientas digitales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial que permitan incrementar y agilizar la capacidad diagnóstica de los centros de salud y con ello el inicio de tratamientos de los pacientes que los requieran.

La norma contempla la formación del personal, así como el impulso de la investigación, fomentando programas integrados en la jornada ordinaria de los profesionales para facilitar que adquieran las habilidades necesarias para el uso las nuevas herramientas tecnológicas.