Cataluña impone a una agencia 10.000 euros de multa por “racismo inmobiliario”

El racismo en el acceso a la vivienda que sufren cientos de extranjeros empieza a tener consecuencias para el bolsillo de las agencias inmobiliarias que lo practican. La Generalitat ha impuesto por primera vez una multa, de 10.000 euros, a una agencia que puso problemas a un hombre de origen marroquí, Hamid Hmata, para visitar un piso de alquiler en Mataró (Barcelona). Es la primera sanción por racismo inmobiliario desde que se aprobó, en 2020, la normativa catalana que lo permite.

Hamid, vecino de Mataró, lleva años alzando la voz contra los problemas que las agencias plantean a la hora de alquilar a una vivienda. Ha denunciado a un total de 13 empresas por esas prácticas y, hasta ahora, no había logrado ningún resultado, envuelto en una maraña de complicaciones burocráticas que le impedía avanzar. Ahora, ha conseguido que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat imponga una sanción a una de esas agencias por primera vez, tal como han explicado este lunes las dos entidades que han apoyado a Hamid en ese propósito: el Observatorio DESCA y Sos Racismo.

Los hechos que han desembocado en esta primera multa ocurrieron en enero de 2024. Hamid, que cobra un buen sueldo en una empresa multinacional, buscaba un piso más grande y vio uno que le interesaba. Pero apenas un día después de haber solicitado una visita, le informaron de que el piso “ya estaba alquilado”. El hombre no se lo acabó de creer y recurrió a una estratagema: pidió a compañeros de trabajo con nombres inequívocamente catalanes que preguntaran por esa misma vivienda y, sorpresa, resulta que sí estaba disponible. La agencia informó al compañero de los requisitos económicos para el alquiler y concertó con él una visita.

Pero a la visita se presentó Hamid, que pidió explicaciones por la diferencia de trato recibida. El hombre preguntó expresamente si los propietarios del piso no querían alquilarlo a una persona de origen marroquí. “Eso también es verdad, pero no tiene nada que ver con eso. Está reservado”, le contestó el administrador de la agencia.

La resolución de la Generalitat reconoce que los hechos suponen un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por motivos étnico-raciales y de origen y ha impuesto una sanción de 10.000 euros (la mínima que prevé la ley) a la agencia, además de prohibirle contratar con la Administración durante un año.