La alternativa es la barbarie

“No acepten mi palabra. No acepten su palabra. Miren el vídeo desde todos los ángulos”. Con estas palabras, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis ha severamente censurado la interpretación que la propia administración norteamericana ha hecho del asesinato de Reneé Good, la madre de tres hijos y activista a favor de los derechos humanos abatida brutalmente por el ICE, la policía migratoria de Donald Trump, que cada vez más se asemeja a una siniestra policía política y racista.

La situación que se vive actualmente en los Estados Unidos es a todas luces dramática en términos de salud democrática, en la medida en que un cuerpo paramilitar dependiente de la administración federal se dedica a vejar, atemorizar, secuestrar e incluso asesinar sus propios conciudadanos. Primero empezaron por aquellos a quienes negaron esa condición por carecer de documentación, pero -como no podía ser de otra manera- ahora la violencia ha llegado también a aquellas personas que, con toda su documentación a punto, simplemente se niegan a secundar tamaño atropello de los derechos humanos. Porque al final siempre es así: si atacan a una persona por el simple hecho de existir, aduciendo su condición de migrada, están atacando a todas las personas.

Muchos alcaldes y alcaldesas de Estados Unidos han tenido claro este aspecto desde hace mucho: el movimiento de “ciudades santuario” -entendiendo aquellas administraciones que no sólo proporcionan servicios a toda persona residente (independientemente de su situación administrativa), sino que se niegan a cooperar con las políticas de ciudadanía excluyente de los poderes federales- tiene una larga trayectoria, que se remonta al principio de los años 80. Hay diferentes redes de cooperación en este sentido. Una de las más importante es Cities for Action, de la cual también forma parte el ayuntamiento de Minneapolis. La idea en el fondo es simple: aunque tradicionalmente la ciudadanía -y los derechos a ella asociados- se ha vinculado al estado-nación, las ciudades son el lugar en donde esta se articula, construye y disputa. Por ende, a la práctica la ciudadanía se concreta a partir de la presencia física y la residencia.

En Europa también hay diferentes redes de ciudades comprometidas con una concepción de la ciudadanía que supere la mera nacionalidad y que se articula a partir de la residencia. España, en este sentido, no ha sido, especialmente en los últimos años, ninguna excepción. Por compromiso o por pragmatismo (un ayuntamiento simplemente necesita saber quién habita cada día el territorio que gestiona) las administraciones locales son, con creces, las instituciones que más han reconocido derechos concretos de todas las personas, a veces incluso oponiéndose a las propias legislaciones estatales.

Se podrá argumentar que el clima general ahora es totalmente adverso. La conversación más recurrente entre los vecinos de muchos barrios y de muchos pueblos precisamente ha virado hacia la idea de que las personas migrantes o refugiadas son un problema. Y, claro, alcaldes y alcaldesas tienen que escuchar a sus votantes si quieren optar a la reelección. Los hechos de Badalona tienen que hacer reflexionar.

Y, sin embargo, ahora es cuando más coraje se le debe pedir a las administraciones locales. Por ejemplo, manteniendo abiertos sus padrones a todas las personas. Los ayuntamientos pueden y deben ser pilar democrático. La alternativa, simplemente, es la barbarie. Y no lo olviden, después de todas las personas migradas, vendrán simplemente a por todas.