El doctor Tabernero defiende que se quedó una casa en la Vall d’Aran del empresario Pere Mir para cumplir con su voluntad

Josep Tabernero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron, ha sostenido este jueves que se quedó una casa del empresario Pere Mir (fallecido en 2017) siguiendo las voluntades de este, en una donación que no quedó constatada en ningún documento firmado ante notario y que se fundamentaría en años de colaboración, en los que el prestigioso oncólogo le ofreció sus servicios médicos. El médico ha defendido esa tesis ante la jueza del Tribunal de Instrucción 12 de Barcelona, que investiga un supuesto delito de administración desleal en las fundaciones Cellex y Mir-Puig, principales vías filantrópicas del empresario y su esposa, Núria Pàmies, por las que están siendo investigados, además de Tabernero, quien fue el hombre fuerte del empresario, Jordi Segarra, y el abogado Juan Francisco Capellas.

El mecenas Mir fue un industrial químico que forjó su fortuna tras conseguir hallar la fórmula para conseguir formol a partir de la madera. En 2003 constituyó la Fundación Cellex, una de las principales instituciones de investigación científica en Cataluña, tras haber logrado 120 millones de euros en dos décadas.

Según la investigación, tras la muerte del empresario, Tabernero se quedó con un patrimonio de este valorado en 954.000 euros, basado en una finca en el Vall d’Aran y un importe económico que sirvió para pagar el impuesto de donaciones. Tabernero ha explicado ante la jueza que se halló una fórmula para ceder ese dinero, porque él no tenía dinero para asumir el tributo y, en consecuencia, el apartamento. Según ha defendido, no se efectuó esa operación aprovechando su papel de albacea, sino solo como una forma de respetar las voluntades expresadas de forma oral por Mir, que le había dicho que se podría quedar con la vivienda tras años de encargarse de sus cuidados médicos.

El oncólogo era uno de los albaceas designados por Mir, pero ha explicado que su papel se centraba en el asesoramiento científico y que no tenía conocimiento de cuestiones económicas. Pese a tener poderes, asegura que no los ejerció y que su función se centró en los trabajos de filantropía científica. Su defensa mantiene que el piso del Vall d’Aran debe ser considerado como una parte ajena al legado sucesorio de Mir, porque pendía de las sociedades radicadas en Panamá, por lo que no entra en el perímetro de fondos que debían ser liquidados y dirigidos al objeto social de las fundaciones.

Tras Tabernero, ha declarado Capellas, que ha defendido que no tuvo ningún papel en las fundaciones panameñas y que, a su llegada como asesor jurídico, toda la estructura societaria y filantrópica de Mir ya estaba montada. Capellas ha señalado que la demanda, presentada por Àngel Surroca, otro antiguo colaborador de Mir, se explica por una cuestión de “rencor”.

Con la sesión de este jueves han concluido las citaciones de las tres personas imputadas en el caso, después de que el miércoles quien fuera el hombre fuerte de Mir como administrador de su patrimonio, Jordi Segarra, explicara que había seguido las voluntades dictadas oralmente por el empresario para liquidar su patrimonio y derivar esos recursos a las dos fundaciones con las que canalizaba su actividad filantrópica, Cellex y Mir-Puig. Segarra admitió que se había autoprestado dinero procedente de las cuentas de las empresas de Mir —los Mossos d’Esquadra lo cifran en tres millones de euros—, dinero que también iba a dirigido a otras personas del círculo de Mir. El hombre, de 91 años, ha dicho que tiene intención de retornar esas cantidades.

La jueza del tribunal número 14 que instruye el caso investiga un presunto delito de administración desleal que habría podido conllevar el vaciamiento de 6,2 millones de euros.

Las fundaciones del legado de Pere Mir están intervenidas por la Generalitat, después de una pausa dictada en noviembre pasado, cuando las defensas de los tres albaceas defendieron que esa gestión judicial delegada iba en contra de su derecho de defensa. Este mismo mes de enero, con el aval de la Fiscalía, Cellex y Mir-Puig han vuelto a estar bajo el control de la Administración catalana.