Illa modula el concepto de “interés general” de los nuevos parque eólicos para lograr el apoyo de ERC

La mayoría de la investidura en Cataluña -PSC, ERC y Comunes- permitirá que el decreto ley sobre energías renovables del Govern de Salvador Illa salga finalmente adelante. En julio pasado, el Ejecutivo se había visto obligado a tener que retirarlo, ante el rechazo de los republicanos y ahora ha logrado atraerlos gracias, entre otras, a la modulación del concepto de “interés general superior” en la entrega de permisos de las instalaciones y que algunos alcaldes consideraban que “automatizaba” las licencias.

El decreto ley busca agilizar el despliegue de las energías renovables y de las baterías, para así paliar el retraso de Cataluña en la producción de energías verdes. Además, por primera vez, se regula la figura de las llamadas comunidades energéticas, los grupos de personas que se unen para generar y gestionar su propia energía y servicios energéticos. El Consell Executiu lo ha bendecido en la reunión de este martes y el trámite de la convalidación en el Parlament está asegurado porque finalmente ERC ha dado su visto bueno al texto, que los Comunes ya apoyaban desde principios del año.

“El concepto de interés público superior, recogido dentro de la normativa europea, despertaba recelos en el ámbito territorial por la manera como estaba planteado de manera genérica en el texto anterior”, ha aceptado la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque. “Había temor a una implantación automatizada de los parques de energía renovables”, ha apostillado.

Paneque ha aceptado que uno de los escollos en la atención aprobación había sido la oposición de parte del mundo municipalista y cuyo malestar había vehiculado ERC. “Hemos optado por esperar la trasposición [de la normativa europea] y acotar otros procedimientos que también pueden priorizar [un proyecto] pero no de manera genérica, sino elementos como los tejados de pymes o la conexión del autoconsumo”. En estos últimos casos sí aplicará el interés público superior.

La también titular de Territorio ha explicado que, para dar más decisión al mundo local, la norma fija además la constitución de “mesas de diálogo social” en las distintas veguerías, mejorado así los procedimientos de participación territorial. La normativa además restringirá la instalación de renovables en suelos de regadío (aprobadas o en desarrollo).

Desde las filas de ERC, el pasado lunes, ya habían sacado pecho de las reforma, en especial del punto sobre la valoración del interés público superior. “Eliminarlo del articulado evita que el interés público superior se pueda aplicar de forma discrecional, lo que permite que el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos sea más consensuado”, aseguró entonces el portavoz adjunto de esa formación en el Parlament, Jordi Albert.

El texto, aún pendiente de un debate parlamentario que se prevé plácido para el Ejecutivo, toca aspectos como el almacenamiento mediante baterías, las energías renovables, las infraestructuras de transporte y distribución o las comunidades energéticas. Estas últimas, entre otras cosas, tendrán que inscribirse en un registro creado para el tema y se regulará cómo puedan participar en esas comunidades las administraciones locales.