Cataluña se plantea aumentar la edificabilidad en nuevos barrios para ganar vivienda pública

La Generalitat se plantea permitir aumentar la edificabilidad en los nuevos barrios que hay previstos en los municipios catalanes para ganar más pisos de alquiler asequible. Lo ha anunciado el responsable del ambicioso plan del Govern para ganar 50.000 viviendas, Ramon García Bragado, durante la jornada La vivienda, un reto de país, celebrada este lunes en el Colegio de Economistas. Las voces que han intervenido en la jornada han admitido que el ejecutivo de Salvador Illa se está esforzando en volver a poner en marcha la maquinaria de la producción de parque público, parada desde la crisis inmobiliaria. Pero también han mostrado la complejidad de llevar a cabo el plan. Los promotores alertan de que hacer vivienda asequible no siempre es viable económicamente y choca con la idiosincrasia de cada municipio. Los contratistas han asegurado que están listos para construir, pero han reprochado que todavía no han salido los concursos públicos. Y los economistas han criticado la avalancha legislativa en materia de vivienda y han pedido coherencia.

La densificación de los futuros barrios que plantea ahora la Generalitat para que, literalmente, quepan más viviendas, es una petición histórica de los promotores y constructores. Y durante el primer debate de la jornada la ha lanzado una vez más el presidente de la patronal APCE, Xavier Vilajoana: “Se podría aumentar la edificabilidad de las nuevas áreas residenciales para hacer más pisos púbicos“. ”Está sobre la mesa", ha replicado Bragado, que preside el llamado grupo de trabajo de la Comisión Interdepartamental, que coordina a las consejerías implicadas en el plan.

Bajando al detalle, la edificabilidad solo se podrá aumentar en zonas residenciales que están previstas y calificadas, pero todavía no tienen plan urbanístico. La cifra de pisos podría doblarse en algunos casos, sumando vivienda pública y de mercado. Y se trata de suelos ubicados en la primera y segunda coronas metropolitanas, donde los municipios todavía tienen reservas de suelo. La última palabra la tendrían los propios Ayuntamientos. Un claro caso donde se podría aplicar la densificación sería en las Áreas Residenciales Estratégicas, las ARE que definió el gobierno tripartito hace casi 20 años y que quedaron pendientes de desarrollar en su mayoría.

En la apertura de la jornada, la consejera Sílvia Paneque ha recordado que en la primera convocatoria de solares, 226 municipios han cedido un total de 665 que tienen un potencial para construir 21.000 pisos de alquiler protegido. Y ha anunciado dos cuestiones: que en breve saldrán los concursos públicos para edificar los que no tienen constructor y que a finales de año habrá una segunda convocatoria.

Sobre los primeros 665 solares, García Bragado ha explicado en qué momento se encuentran. Aproximadamente la mitad, con un potencial de 14.000 pisos, ya tienen promotor y su construcción es inminente. Hay otros 130 solares donde los municipios han pedido operador y estos son los que saldrán en breve los pliegos. Y en 200 solares más pequeños, que solo permiten construir 20 viviendas o menos y son menos atractivos para el sector, el Govern está buscando operadores “porque son operaciones menos interesantes para el mercado, pero que tienen mucho impacto local”.

El responsable de ejecutar el plan de los 50.000 pisos también ha puesto en valor lo que entiende que es la gran clave para que se materialice. Es el hecho de que, por contrato, el Govern garantizará a los promotores la viabilidad de los edificios, cubriendo la diferencia entre el coste de construcción que tendrán estos pisos y las de rentas que obtendrán. Una garantía inédita, ha señalado García Bragado, para facilitar la financiación de 22.000 pisos con pagos anuales a 28 años vista.

Desde la Cámara de Contratistas, su presidente, Lluís Moreno, se ha mostrado muy escéptico: “Hasta que no tengamos inscritas y publicadas en el Diario Oficial no me creeré nada”, ha dicho, aunque ha asegurado que están preparados para construir. Vilajoana, por parte de los promotores, ha enumerado los palos en las ruedas que encuentra el sector: permisos que no llegan, leyes pendientes (como la nueva del suelo), Ayuntamientos poco flexibles o imposiciones como la construcción de aparcamientos en subterráneos, “lo que hace inviables la vivienda pública”.

Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha considerado la vivienda pública “la nueva infraestructura prioritaria”, y ha abogado por la colaboración entre la administración y las empresas privadas. Y como anfitrión, el presidente de la comisión de Economía Territorial y Urbana del Colegio, Joan Ràfols, ha cargado contra la regulación del alquiler, que ha provocado una caída de la oferta, y contra las nuevas normativas en materia de vivienda “todas decretos por el trámite de urgencia”. “Hay un problema de inseguridad jurídica”, ha asegurado. La directora de Asuntos Públicos de la consultora Atrevia, Sònia Recasens, ha constatado la “complejidad y las aristas de una cuestión como la vivienda” y ha llamado a “construir consensos” con datos en un contexto de “hiperregulación que no es eficiente ni eficaz”.

En la clausura de la jornada, el president Illa ha asegurado que “la vivienda es uno de los principales problemas que tenemos” porque “impide que se reparta la prosperidad”. Sus recetas pasan por “construir vivienda para paliar el déficit, estimado en 150.000 pisos”, y que una parte sea asequible para facilitar el acceso. Para ello, ha recordado el llamamiento para saber cuánto suelo tienen los Ayuntamientos, el proceso de tramitación de la construcción y ha mostrado su apoyo a los alcaldes, “sean del color político que sean”. “Porque este es un reto de país”, ha zanjado antes de aplaudir también la construcción de vivienda libre “que también es parte de la solución”. Más allá de la construcción para aumentar el parque, ha vuelto a defender la regulación del mercado, “intervenir para facilitar el acceso a la vivienda”, con medidas como aplicar la Ley de Vivienda del Gobierno que regula los alquileres, o con el decreto de viviendas turísticas, en el que cada ayuntamiento debe decidir dónde y cuántas quiere.