Los accidentes evitables disparan la mortalidad laboral en Cataluña, a la espera del plan de choque del Govern

Una alarma silenciosa recorre las estadísticas laborales de Cataluña este año: en casi todos los meses de este 2025 han muerto más personas durante su jornada laboral que el año pasado. En los siete primeros meses del año murieron 52 personas durante su jornada laboral, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, a las que hay que sumar 12 trabajadores que murieron yendo o viniendo de su trabajo —in itinere—, un 25% menos. Pese a que la siniestralidad laboral en su conjunto se ha reducido un 2% entre enero y julio, la mortalidad repunta. Y lo hace porque se han disparado las muertes en los accidentes que más fácilmente puede evitar la prevención y la seguridad: los siniestros mortales catalogados como “traumáticos”, es decir, caídas, aplastamientos o electrocuciones. Estos han crecido un 136%. Se trata de las mismas muertes que acontecían hace 30 años, cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los sindicatos creen que hay un gran déficit en la prevención, y piden al Govern que saque adelante el plan de choque que anunció el pasado mes de mayo, y cuya negociación está bloqueada, en parte, por la negativa de la patronal Foment del Treball.

Los datos del Observatori del Treball i el Model Productiu arrojan una realidad preocupante. Si bien los accidentes con baja en jornada laboral, en su conjunto (leves, graves y mortales), han caído un 2% en los siete primeros meses del año, hasta los 56.344, las muertes han crecido un 44,4%, hasta las 52. Solo en el mes de julio murieron 13 personas, por las cinco del mismo mes del año pasado. Detrás de estas cifras hay casos concretos, como el accidente mortal en la fábrica de Ebro en la Zona Franca o la muerte por un golpe de calor de una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona.

De las 52 muertes en jornada laboral, 51 fueron hombres y una mujer, y casi la mitad (24) se produjeron en el sector servicios, seguido por la construcción (14), la industria (12) y la agricultura (dos). La mitad de las muertes (26) fueron “traumáticas”, mientras que 22 fueron “no traumáticas” —infartos y otras causas derivadas del estrés— y cuatro estuvieron relacionadas con el tráfico. Por sectores se ve claramente que ahí donde debería haber más prevención no la hay o no es suficiente: en la construcción todas las muertes menos una fueron por caídas u otras causas traumáticas.

“La valoración que hacemos no es nada buena: la mitad de las muertes son fáciles de prevenir, porque se trata de caídas, aplastamientos o electrocuciones. Llevamos muchos años en la prevención de riesgos laborales, y todavía la mitad de las muertes tienen que ver con temas de seguridad”, señala Mònica Pérez, responsable de salud laboral de CC OO en Cataluña. La otra gran causa de mortalidad, la “no traumática”, tiene que ver, según Pérez, “con la organización del trabajo, el estrés, la carga y los ritmos de trabajo”. “En definitiva, el sistema no es capaz de resolver aquello que es más fácil, y tampoco afronta bien los nuevos retos que tiene”, resume.

Los sindicatos tienen bien identificadas las carencias del sistema: principalmente una falta generalizada de prevención. “Solo un tercio de las empresas de Cataluña hacen todo el ciclo preventivo en materia de seguridad, desde la evaluación de riesgos hasta la implementación de medidas, y solo el 5% hace el ciclo completo en prevención de riesgos psicosociales. Y estos porcentajes han ido cayendo en los últimos 10 años”, explica Pérez con datos de la Generalitat. En esta década ha tenido lugar la externalización de los servicios de prevención: el 82% de las empresas delegan las tareas de seguridad a empresas externas, que muchas veces reducen la prevención “a unos papeles que los trabajadores firman y que se quedan en el cajón”, dice Pérez. “Hay una gran dejadez por parte de las empresas, faltan equipos de protección individual o están en mal estado, no se respetan los horarios y los planes de prevención son solo un papel que se rellena para evitar multas”, apunta Reyes Solaz, secretaria general de salud de UGT Cataluña.

Por todo ello, los sindicatos llevan años reclamando al Govern un plan que aborde esta problemática. El pasado mes de mayo, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, anunció que trabajaba en un plan de choque contra la siniestralidad, que en una primera fase consistiría en crear un cuerpo de delegados territoriales que fuesen a empresas pequeñas y medianas donde no hay delegados de prevención, para vigilar que se cumpla la normativa. El cuerpo tendría 12 miembros, propuestos a partes iguales por los dos sindicatos mayoritarios y por las patronales Foment del Treball y Pimec, y los delegados irían por parejas (uno de los sindicatos con uno de las patronales) a visitar a 1.000 empresas en la primera fase. Una de sus atribuciones ería poder denunciar a la Inspección de Trabajo.

Fuentes del departamento explican que el plan de choque está todavía por desarrollar, y que en las próximas semanas se conocerían más detalles. Pero lo cierto es que la negociación está estancada por el rechazo de Foment del Treball, que considera que el plan, que ya existe en Asturias, es una “intromisión en la gestión interna de las empresas, las cuales ya tienen y aplican los mecanismos de prevención establecidos en la normativa”, explican fuentes de la patronal. Las mismas fuentes aseguran que el plan sería una carga burocrática más para las empresas y generaría “mayor inseguridad jurídica”.