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Blanca Serra, víctima de torturas en la transición: “Me ha costado tanto recordarlo ahora, como reprimirlo antes”

La activista, que ha declarado en la primera investigación de la fiscalía, denuncia la “labor de desmemoria” sobre la dictadura y pide que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria “donde puedan ir alumnos”

Blanca Serra, activista y víctima de torturas en la transición, en su casa de Barcelona.
Jesús García Bueno

Blanca Serra escapó en una ocasión de las garras de la brigada político-social por el aviso de un amigo. “Me dijo: ‘No vayas a casa, han ido a buscarte”. Dejó su trabajo como profesora en la escuela de Sant Felip Neri, desapareció de Barcelona y se refugió en Perpiñán, en el sur de Francia, o como dice esta activista por la independencia, en “la Catalunya Nord”. En ese escondite le sorprendió la muerte de Francisco Franco, que para ella no fue el final de la persecución, sino más bien el principio. Volvió a casa, pero “alguien debió de revisar los archivos”. En 1977, la policía irrumpió en su casa, la detuvo y la trasladó a la comisaría de la Via Laietana, en el corazón de Barcelona, espacio de infame recuerdo para numerosos represaliados que sufrieron allí torturas y vejaciones. Como Blanca, que esta semana ha explicado ese episodio ante la Fiscalía, en la primera investigación penal de este tipo que el ministerio público abre en España al amparo de la ley de memoria democrática.

Cuatro días después de su histórica declaración, Blanca recibe a EL PAÍS en el comedor de su casa, un piso en la avenida Diagonal atestado de objetos (el padre era arqueólogo) y de libros. La estancia ―barroca, de muebles oscuros y macizos― sigue casi igual que cuando, una mañana de febrero de 1977, los agentes llamaron a la puerta. La buscaban a ella, pero también a su hermana Eva (ya fallecida, y a la que estaba muy unida) por “asociación ilícita” y “propaganda ilegal”. “Destrozaron el sistema eléctrico del altillo, tiraron los libros… Y se llevaron unos papeles de la tesis de mi hermana… Pero los nombres que salían allí no eran de activistas, sino de payeses del siglo XVII”, ríe. “Después, nos llevaron a comisaría”.

La Jefatura de Policía de Cataluña estaba en el número 43 de la Via Laietana. Si bien la sede central está ahora en dependencias más funcionales en el barrio de La Verneda, el edificio sigue en manos de la policía. Partidos y entidades llevan años reclamando que se convierta en un centro de memoria. Activistas como Blanca se plantan allí cada 15 días para leer, en voz alta, los nombres de los torturadores. “Supongo que no les debe de hacer gracia. Me gustaría que a este lugar pudieran ir alumnos, como los que tenía yo en el instituto, a aprender lo ocurrido, porque ha habido una labor activa de desmemoria muy importante”. Con 81 años, se mueve con ayuda de un andador que también tiene asiento, lo que le ha permitido retomar su presencia en las concentraciones. Y eso que pasar por allí sigue siendo plato de mal gusto: “Me genera rechazo”.

Fue en ese escenario donde, según el testimonio que ha dado ante la Fiscalía y el que ha detallado a este diario, sufrió el primero de cuatro episodios de torturas, malos tratos, vejaciones y humillaciones. Blanca cometió la imprudencia de pedir un abogado. “El policía me dio un puñetazo que me hizo caer al suelo y me dijo: ‘Yo soy tu abogado”. “Había nervios. Estaban a punto de celebrarse las primeras elecciones libres y una parte de los policías estaba inquieta, pensando qué iba a ser de ellos”. Blanca fue detenida junto con su hermana Eva, aunque permaneció custodiada en solitario, algo que se repitió en las posteriores detenciones y que agravó su padecimiento. “Ella sufría por mí y yo por ella. Y no nos veíamos hasta que estábamos en la calle”.

Blanca casi no ha hablado de esos episodios de dolor salvo con su hermana, que también los vivió. Los padres “no necesitaban demasiadas explicaciones” porque, involucrados en la lucha antifranquista (“cada 14 de abril, mi padre abría una botella de champán para celebrarlo”), conocían sus actividades. Y con los compañeros de trabajo, aunque sabían de sus detenciones, nunca compartió confidencias. Casi medio siglo después, ha tenido que ejercitar la memoria para poner en orden los recuerdos y contarlos, con la máxima precisión posible, a la fiscal. “Me ha costado tanto recordarlo ahora como reprimirlo en su momento”.

Blanca Serra acude a la Ciutat de la Justícia  de Barcelona, el 10 de mayo.

“Que se abran los archivos”

La investigación solo ha sido posible por la labor de Irídia, una entidad de derechos humanos afincada en Cataluña, que ha intentado ordenar pacientemente los hechos. “Encontramos una alusión a una ‘referencia personal de clasificación’ de 1975, lo que significa que la brigada político-social había redactado un informe sobre ella. Pero no hemos podido acceder a ese archivo. Mucha documentación seguramente esté destruida”, explica, a su vera, el abogado Brian Ventura. Uno de los deseos de Blanca es, precisamente, “que se abran los archivos policiales” y se conozca la verdad de lo ocurrido con independencia del recorrido judicial que pueda tener la investigación de la Fiscalía.

Si Blanca estaba en la diana policial fue porque, tras estudiar Lenguas Clásicas en La Laguna (Tenerife), volvió a Barcelona y entró “de lleno” en la lucha antifranquista desde el catalanismo. Participó en Estudis Universitaris Catalans, la “universidad clandestina” en la que se creó “un caldo de cultivo muy especial” y donde contactó con personalidades como la escritora Montserrat Roig o el dramaturgo Josep Maria Benet i Jornet. Estuvo en la formación del Sindicat Democràtic d’Estudiants y en el alumbramiento de la Assemblea de Catalunya en nombre del colegio de licenciados. “Cuando se produce la detención de los 113, yo era la 114… Pero era una cara conocida y tal vez era demasiado joven”.

La ley de memoria democrática, aprobada en 2022, es la que ha habilitado a la Fiscalía para llevar a cabo la investigación, pues insta a satisfacer “el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. La norma exige que las torturas y violaciones de derechos humanos hayan ocurrido entre el inicio de la Guerra Civil (1936) y la aprobación de la Constitución (1978). El caso de Blanca encaja en ese periodo, si bien es cierto que otros episodios de torturas ocurrieron en fechas posteriores, algunas tan avanzadas como 1982.

Las vejaciones que describe las sufrió tanto en la Via Laietana como en la Dirección General de Seguridad de Madrid, adonde fue llevada en una de sus detenciones. Llegó a ingresar en una ocasión en prisión provisional, aunque la causa fue archivada. “Te golpeaban, siempre en el momento más inesperado, cuando no te lo veías venir, con una guía telefónica de Madrid, que era un tocho que te dejaba fuera de juego. ¡Ya podrían haber usado una de Segovia, que seguro que era más fina!”, dice Blanca, que prefiere contar las escenas más dramáticas con humor. “Pero lo que duele mucho es que te golpeen las plantas de los pies… Me rompieron los dedos de los pies”.

Pero la tortura no la conforma solo el maltrato físico. “Un policía se sentaba abierto de piernas en una silla y te obligaba a arrodillarte y a meter parte del cuerpo debajo de la silla… Era muy humillante”. Recuerda también que los agentes, todos hombres, la acompañaban al baño y dejaban la puerta abierta mientras hacía sus necesidades. “A las mujeres nos trataban de forma diferente, especialmente humillante. Notaba una profunda rabia y pensaba: ‘¿Estos hombres no tiene madres o hermanas? ¿Y cómo las tratan?’ La figura del torturador es para mí muy enigmática”, reflexiona. Aún en comisaría, en una ocasión, les hicieron firmar conforme no les habían tocado un pelo. “Estás feta un nyap (hecha un trapo), pero firmas porque lo que quieres es salir de allí”.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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