Barcelona incrementará la digitalización de los trámites ciudadanos hasta el 95% en dos años

La realización de trámites ciudadanos puede resultar un proceso “frustrante”. La teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, va más allá y asegura que la lentitud en estos procedimientos “levanta barreras” entre la ciudadanía y la administración pública. Para acabar con este distanciamiento, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este jueves un plan de actuación para simplificar y agilizar los procesos administrativos. El objetivo principal es que de cara a final de mandato —en 2027— el 95% de los trámites ciudadanos se puedan realizar virtualmente a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. Actualmente, solo ocho de cada 10 de estos están digitalizados.

El plan, llamado ‘Barcelona fácil’, prevé una partida de 7′8 millones de euros que se desplegará en los próximos tres años. Con ella se contemplan hasta 18 actuaciones concretas para lograr un Ayuntamiento “más moderno, eficiente, y orientado a las necesidades de la ciudadanía”. Bonet ha asegurado que se trata de una estrategia “de ciudad”, ya que la comisión desarrolladora “ha contado con la participación de todos los grupos municipales” durante una comisión de estudio. La medida se estructura en tres ejes de actuación: urbanístico, normativo y administrativo.

En el ámbito urbanístico, tan solo un 4% de los 50.000 procedimientos anuales vinculados a permisos y licencias de obras no están automatizados y requieren de personal municipal para su tramitación. Ante esta situación, el consistorio ha anunciado la creación de una Oficina de Atención al Profesional para mejorar la comunicación entre los profesionales y la administración. La función principal de este órgano —que se prevé poner en marcha durante el segundo semestre de 2026, según la teniente—, consistirá en asesorar y resolver dudas previas a la presentación de proyectos que requieran de una licencia urbanística posterior.

La administración municipal lleva a cabo aproximadamente 45.000 trámites anuales vinculados a los permisos de obras. De estos, el 22% son comunicados —la notificación previa del propietario o responsable de la obra que presenta al Ayuntamiento antes del inicio de los trabajos—, que pueden ser inmediatos o diferidos. La fórmula “diferida” retrasa el inicio de las obras en 30 días, un tiempo de espera que el consistorio pretende “simplificar”. Por este motivo, se unificarán normativas y tramitaciones de licencias de obras y actividad en un mismo procedimiento. Con este cambio se establecerá que todos los comunicados de obra se junten en un único concepto para eliminar los diferidos y su consecuente plazo de espera de 30 días. Esta fusión se prevé que entre en funcionamiento el año que viene, según el Ayuntamiento, aunque primero será necesario actualizar la Ordenanza Reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipal en las Obras (ORPIMO).

En cuanto al eje normativo, el teniente de economía, Jordi Valls, ha explicado que se aplicarán cambios orientados a mejorar la “calidad normativa” e “incrementar la seguridad jurídica”, lo que incluye derogar preceptos obsoletos o duplicados. Esta necesidad parte del hecho que cuatro de cada diez normas municipales (que ascienden a más de 500) tienen más de 15 años, “por lo que deben ser revisadas y actualizadas”, ha señalado Valls. En el ámbito administrativo, el responsable de economía ha anunciado los cambios que se harán para incrementar los trámites digitales en un 15% para 2027, sin eliminar la atención presencial: se reducirán aquellos que requieran certificado digital y se simplificarán los que necesitan firma, aunque no se especifica si habrá sistemas alternativos.