Uno de cada cinco catalanes en situación de vulnerabilidad no tiene acceso a Internet

El estallido de la pandemia confinó a todos en casa y desterró el contacto físico y presencial, sustituyéndolo por las interacciones a distancia a través de Internet. Lo que para algunos fue una oportunidad, otros lo han sufrido por las dificultades de acceso a la red que tiene buena parte de la población. En Cataluña, según un estudio elaborado por M4Social, el proyecto de innovación digital en el ámbito social que depende de la Mesa del Tercer Sector, uno de cada cinco catalanes que están en situación vulnerable y acudieron a alguna entidad social no tiene acceso a Internet, ya sea porque no puede pagarlo o porque no sabe cómo funciona. La Mesa ha reclamado este miércoles que la conexión a la red se considere un derecho fundamental, que se regulen los precios y que se impida cortar el suministro para las familias más vulnerables.

La brecha digital, en la época de los trámites online, se ha convertido en un impedimento extraordinario que ahonda aún más en la situación de vulnerabilidad de algunos ciudadanos, ya que no pueden realizar operaciones como solicitar una subvención o obtener una formación en línea. Según Cáritas, en España hay 240.000 personas, la mitad de los usuarios atendidos por la entidad, que sufren “apagón tecnológico”, y un tercio de los usuarios afirma que no tener acceso a Internet les ha hecho perder oportunidades para conseguir ayudas públicas o un empleo.

En este contexto, la Mesa del Tercer Sector considera que la brecha digital se convierte en un factor más de exclusión social. El informe de M4Social ve “absolutamente imprescindible” garantizar el derecho a una conexión a Internet, y pide elevarlo a rango de derecho fundamental con una reforma de la Constitución.

La Mesa, que representa a más de 3.000 entidades sociales, propone crear un bono social digital para los hogares vulnerables, y promover la capacitación digital. La Mesa recuerda que pese a que la Constitución no reconoce este derecho como fundamental, sí hay leyes que establecen como prioritarios los trámites telemáticos, lo que crea una pérdida de oportunidades para quien no tiene acceso.