La acusación particular pide nueve años de prisión a Vito Quiles por tres delitos de calumnias con agravante de odio ideológico

El secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha pedido nueve años de prisión para el agitador ultra Víctor Zopperllari Quiles, conocido como Vito Quiles, por tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico, de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales presentado este domingo y al que ha tenido acceso este diario. En el documento, la acusación particular plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por los que reclama un total de 60.000 euros de indemnización (20 euros diarios durante 20 meses) y que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al ejercicio del periodismo durante ese período, además de que publique un vídeo en sus redes sociales y en el canal de YouTube de EDATV ―en el que trabaja y en el que difundió parte de esos mensajes presuntamente injuriosos―, dando lectura del fallo.

El pasado 6 de abril, la jueza de la plaza 18 del Tribunal de Instancia de Sevilla, que instruye la causa contra Quiles, decidió procesarlo por un presunto delito de un delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra Sánchez entre el 15 de febrero y el 22 de septiembre de 2022. La magistrada consideró que ese contenido, difundido en sus redes sociales y en el canal de YouTube de EDATV, y en el que se refería al dirigente de la organización de consumidores como “criminal” o “estafador” ―entre otros muchos apelativos―, e insinuaba que estaba vinculado con casos de pederastia, “es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas”. En su auto, la instructora daba a las partes 10 días para presentar escrito de acusación o de sobreseimiento. La defensa del acusado, de acuerdo con el documento presentado por el abogado del responsable de Facua, no ha remitido al juzgado ningún escrito.

La acusación particular expone cómo los mensajes supuestamente difamadores tuvieron lugar durante tres periodos comprendidos entre el 15 y el 28 de febrero; el 23 y el 25 de abril y el 26 de junio y el 21 de julio de 2022, respectivamente. En el escrito se recogen de manera pormenorizada las 28 declaraciones que Quiles publicó en sus redes sociales en esos intervalos de tiempo en los que se acusa a Sánchez de “tener un ejército de sicarios”; de estar vinculado con casos de pederastia o se le amenaza con hacer “todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en redes sociales”.

“En la instrucción ha quedado probado que existía un plan preconcebido por parte del acusado para injuriar y calumniar de forma gravísima y reiterada”, recoge el escrito de acusación. “Y todo ello lo hizo movido por el odio que profesa contra el señor Sánchez por ser una persona que ideológicamente está en las antípodas del señor Quiles”, motivo por el que la representación del secretario general de Facua sustenta la agravante de “odio ideológico”.

En el escrito de acusación también se recogen dos tuits publicados por Quiles a lo largo de la semana pasada en los que alude a la instructora y que la defensa de Sánchez considera que “ha lanzado una serie de graves ataques a Su Señoría, deslizando incluso que ha cometido delito de prevaricación”. En ellos, el agitador ultra sostiene que: “una jueza que, en vez de limitarse a perseguir delitos, se pone a hablar de ética y juzga en función de la moralidad y no del código penal. Solo tiene un nombre: persecución política. El Gobierno tenía que tapar hoy el juicio a Begoña Gómez” y que es “una jueza sesgada”.

En 2024, esta jueza ya remitió a la Fiscalía del Tribunal Supremo varios mensajes escritos por Luis Pérez, Alvise, eurodiputado por la formación ultraderechista Se Acabó la Fiesta (SALF), por entender que podían constituir “amenazas y represión a la función jurisdiccional”. Esos mensajes, precisamente, tenían que ver con la decisión de la magistrada de localizar a Quiles, que había concurrido en las listas europeas por SALF y que entonces era su colaborador, para declarar por la causa por la que acaba de ser procesado.

Además de a Quiles, Sánchez exige de manera subsidiaria los 60.000 euros de multa a EDATV, señalado por la instructora como responsable civil subsidiario.