Gibraltar y su comarca saludan con peros el tratado: “Hay puntos negativos y positivos, pero es la vida, como en un matrimonio”

Eustaquia Aquilina murió el pasado mes de abril a los 83 años con la pena de no ver caer esa frontera de Gibraltar que tanto condicionó su vida y la de su familia hasta su último aliento. “La pobre no llegó a verlo”, relata su hermano Manuel Márquez. Él, trabajador transfronterizo ya jubilado tras 46 años de vida laboral; ella, residente en Gibraltar después de casarse con un llanito. Ambos, separados por ese cierre franquista que dejó la comarca rota de 1969 a 1982. Márquez no puede dejar de acordarse de su hermana en el día histórico en el que se ha desvelado el texto del tratado que regirá las relaciones a ambos lados de una frontera abocada a desaparecer: “En sus últimos meses, como estaba enferma de cáncer, la llevaba a Algeciras a tratarse y luego nos comíamos las colas de la frontera con ella vomitando, fue muy duro”.

Historias como la de los hermanos Márquez —Eustaquia tomó el apellido de su marido al casarse— son susceptibles de aparecer en cada esquina de Gibraltar o La Línea, a mínimo que se pregunte. El territorio inglés —de 40.000 residentes— está tan vinculado a su entorno español —donde viven 280.000 habitantes en varias localidades, entre ellos los 15.000 trabajadores transfronterizos— que lleva una década transitando entre las sombras de pensar qué hubiese sido de todos si se hubiese materializado un Brexit duro. “Le damos la bienvenida, después de 10 años tenemos un marco de certidumbre porque hemos estado viviendo años sin saber cómo iba a salir esto”, resume John Ísola, presidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar y de la compañía de importación de bebidas y comidas Anglo Hispano.

Este jueves él y los 150 trabajadores que dependen de él —la mayoría transfronterizos y divididos entre la empresa matriz y las filiales de franquicias de hostelería— se han incorporado a sus puestos con normalidad, aunque el día distaba mucho de ello. El enlace del texto del tratado rula de móvil en móvil y cada cual intenta buscar en esas 1.000 páginas cómo le afecta a su día a día. Ísola contempla con preocupación cómo la combinación de un nuevo gravamen en Gibraltar —del 10% actual al 17%— combinado con unos costes empresariales más altos que en el lado español puede perjudicar a los comerciantes al detall, sumado a un plazo corto de transición de dos meses: “Pero soy optimista de que, a medio y largo plazo, las oportunidades van a ser importantes para la zona. Lo importante es cómo llegamos ahí”.

Márquez, a sus 68 años y jubilado, ya ve los toros desde la barrera, pero también tiene cierta sensación agridulce. Después de más de 40 años de trabajo en Gibraltar se quedó con una pensión de 900 euros al cambio, que España le compensa hasta alcanzar los 1.200 euros. “Y soy afortunado, pero hay cosas que no se han tocado con las pensiones. Están concentrados con el paso fronterizo y eso está bien porque es algo muy esperado y al final ha habido un Gobierno [español] que ha pensado en la gente, pero espero que lo que ha quedado se vaya arreglando”, apunta el linense, inquieto porque el sistema de pensiones recogido en el tratado solo dé certidumbre legal a lo que ya quedó acordado en diciembre de 2020.

“Los cambios y las novedades son lo que tienen, que generan incertidumbre”, acierta a valorar Javier Postigo, trabajador del sector sociosanitario en Gibraltar. Él, como linense, se plantea otro rosario de dudas: “¿Cómo será que La Línea pase a tener, de repente, un barrio de 40.000 habitantes? También hay preocupación entre amigos y conocidos de si subirá el precio de la vivienda aquí, que ya está caro”. En esa misma línea de inquietud se mueve su alcalde, el independiente Juan Franco. “Ya nos estamos encontrando con un incremento del precio de la vivienda bestial”, ha señalado el regidor en una comparecencia este jueves, mientras ha solicitado al Gobierno la construcción de vivienda pública en su ciudad. Postigo, precavido, optó por comprarse su casa para librarse de esa burbuja. También asegura estar contento con su trabajo gibraltareño, pero tira de prudencia en eso, también sigue en formación por lo que pudiese pasar. “En el futuro me gustaría volver a hacerlo en España porque las cotizaciones y pensiones son dudosas. Aquí siempre tienes que tener un plan B”.

Después de décadas de una frontera al vaivén de soflamas de soberanía —con sus correspondientes colas y problemas— tener entre las manos la certidumbre de un texto escrito genera en los consultados una sensación de extraña inquietud. “Un buen tratado es bueno cuando ambas partes piensan que es malo, pero es algo que Gibraltar necesitaba”, apunta el empresario gibraltareño Bruno Callaghan, que hace ya cuatro años derribó su hotel para construir uno nuevo, que decidió paralizar hasta tener la certidumbre que ahora ve en el horizonte. A cambio, la inversión de 100 millones de libras que tenía pensado hacer, ahora costará seis millones más por la subida impositiva: “Tendremos que pagar al banco en más años”.

Ejemplos como esos hacen que el actual Ejecutivo del ministro principal socialista Fabian Picardo no se haya librado en los últimos meses de críticas en Gibraltar. Los gibraltareños más críticos se dividen entre los que creen que son ellos quienes más perjudicados salen del acuerdo y los que achacan a su Gobierno falta de concreción de los detalles de las medidas. Pero Callaghan, como Ísola, pide elevar la mirada al largo plazo: “Es normal que haya mal de fondo, pero para mí esto es el futuro. Hay puntos negativos y positivos, pero es como la vida misma, esto es como un matrimonio (…). Fabian ha sido un Séneca, indiscutiblemente. Podrán pegarle verbalmente sobre lo que ellos piensen, pero con el tema del tratado ha sido un visionario”.

El propio aludido este mismo jueves ha comparecido ante el Parlamento gibraltareño y ha defendido que es un acuerdo en el que han tenido que fajarse en una negociación larga y correosa. “Elegimos la cooperación, pero retenemos el control”, ha defendido en su intervención ante la Cámara. A lo largo de la jornada, políticos de aquí y de allí, de un color y de otro, se han apresurado a valorar con mayor y menor alegría un tratado que se baraja que entre en vigor el 10 de abril.

Pero Lionel Chipiolina, histórico sindicalista gibraltareño ya jubilado, eleva la mirada mucho más allá: “Con trabajo y cautela el acuerdo ha llegado. La dificultad es cómo esos detalles se van a aterrizar en la práctica. Pero el problema es que, en nuestras democracias actuales, lo que se haga como acuerdo de Estado se lo puede pasar por los mismísimos el partido que gane después”. Si eso pasa en España —con la eterna espada de Damocles sobre unas elecciones generales previstas, en principio, para el año que viene—, en Gibraltar, llamada a las urnas ese mismo año, o en el Reino Unido, será otra historia que, por ahora, nadie se atreve siquiera a imaginar.