La paradoja sobre los jueces: 40% se jubila de forma anticipada, pero el Supremo pide prorrogar la edad de servicio activo

En el año 2025 se jubilaron en España 117 jueces, de los que casi el 40% lo hizo de forma voluntaria, según un estudio elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) con datos contrastados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La jubilación forzosa de jueces y magistrados se establece actualmente a los 70 años —con posibilidad de prolongar el servicio activo hasta los 72—, pero cuatro de cada diez se jubila antes. En cifras absolutas, 60 de las bajas el año pasado fueron forzosas por razón de edad, otras 46 fueron voluntarias o anticipadas y 11 se produjeron por incapacidad permanente. “Las jubilaciones anticipadas están vinculadas a la sobrecarga de trabajo, el aumento de la litigiosidad, la ausencia de carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez, junto con la ausencia de soluciones políticas y el clima de deslegitimación del Poder Judicial por parte de otros poderes del Estado”, denuncia Marien Ortega, portavoz de la AJFV, en una nota de prensa difundida este lunes.

La Francisco de Vitoria lleva cuatro años recopilando los datos de jubilaciones de la carrera judicial y la alta tasa de retiradas voluntarias ya es, más que una tendencia, una realidad. El estudio de este año coincide, además, con el debate que sobrevuela en el Poder Judicial sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación forzosa a los 75 años, una reclamación que abandera el Tribunal Supremo, que envió en octubre pasado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe en el que advierte de que el 82% (69 magistrados) de su plantilla alcanzará la edad de jubilación en la próxima década y propone retrasar tres años la retirada obligatoria de sus miembros.

El CGPJ no ha debatido por el momento el asunto, pero valoraciones recabadas por este periódico apuntan a que no hay unanimidad de opiniones: algunos vocales conservadores se muestran partidarios de retrasar la jubilación forzosa no solo para los magistrados del Supremo, sino para toda la carrera, mientras que otros lo descartan; del lado progresista, la propuesta no cuenta con un apoyo mayoritario, según las fuentes consultadas.

La petición del Supremo choca, sobre el papel, con el elevado porcentaje de jubilaciones anticipadas. La explicación, según coinciden jueces consultados, es que la mayoría de las jubilaciones anticipadas se dan en juzgados unipersonales y en las plazas con mayor carga de trabajo y sueldos más bajos, mientras que en los órganos superiores son muchos los que se quedan hasta los 70 e, incluso, los 72, como ocurre en el alto tribunal.

El estudio que acaba de hacer público la AJFV, y que lleva por título “Análisis de las jubilaciones y necesidades de reposición en la Carrera Judicial 2022-2035”, amplía los estudios previos al incorporar, junto a los datos propios, la información y las proyecciones contenidas en el “Plan Estratégico para el decenio 2026- 2035 de recursos humanos en la Carrera Judicial” aprobado el pasado 16 de diciembre por el CGPJ. Este documento utiliza una metodología estadística específica, desarrollada por la Sección de Estadística Judicial del Servicio de Inspección del CGPJ, que parte de tres bloques de datos: el número de jueces y magistrados previstos a 31 de diciembre de 2025 clasificados por edad y sexo; las tablas de mortalidad general publicadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y las probabilidades de salida de la Carrera Judicial (jubilaciones por edad o incapacidad) observadas entre 2014 y 2025, igualmente desglosadas por edad y sexo.

Con estos datos, el Consejo calcula, para cada año del periodo 2026- 2035, las probabilidades de permanencia en activo y proyecta la “disminución estimada de plantilla” por jubilaciones e incapacidades, así como la “disminución de plantilla 72 años”, esto es, los ceses obligados por cumplimiento de la edad máxima. Los resultados muestran, por un lado, la disminución anual y acumulada de efectivos (1.767 jueces menos entre 2026 y 2035) y, por otro, la evolución del número total de integrantes de la carrera judicial. Según el CGPJ, y en el escenario en que no se produzcan más convocatorias de acceso a la carrera judicial de las que están actualmente en curso, el número de jueces en 2035 sería de 4.401, frente a los 5.643 con los que estaba previsto que acabara 2025.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciaron la semana pasada una la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados, la mayor convocatoria de la historia. Pero, según la AJFV, estas plazas solo cubren las jubilaciones registradas en la carrera desde el año 2021 (506 en total). “Son insuficientes. En diez años se producirán cerca de 1.800 bajas, mientras aumenta la litigiosidad”, afirma la portavoz de la asociación, que recuerda que un tercio de la carrera se jubilará antes de 2031.

“La sobrecarga de trabajo no solo afecta a la calidad de la Administración de Justicia, al reducir el tiempo que puede dedicarse a cada asunto, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, favoreciendo que muchos opten por la jubilación voluntaria o anticipada”, afirma la Ortega, quien considera que el “déficit estructural en el número de jueces” pone en riesgo el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.