El embudo del PP con los acosos sexuales no alcanza Móstoles

Para el PP de Alberto Núñez Feijóo los casos de machismo y acoso sexual en España solo son un problema estructural en el PSOE, así de simple, como si no se sufrieran y pudrieran en más partidos, instituciones y todo tipo de organizaciones. No es ninguna interpretación. Es la conclusión interesada e hipócrita de la intervención que la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, hizo en un pleno del Congreso cuando saltó el pasado verano el escándalo de los acosos de Paco Salazar, asesor en La Moncloa muy cercano a Pedro Sánchez y que iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE. Este miércoles, unos meses después, esa ley del embudo fue el guion de la decena de diputados del PP que preguntaron a los ministros del Gobierno en la sesión de control sobre cualquier asunto para aprovechar el gravísimo caso del director adjunto operativo (DAO) de la Policía que presuntamente violó a una agente bajo su mando en su vivienda oficial.

El PP en el caso Salazar y en el del DAO, José Ángel González, no ha precisado esperar nada. Las víctimas tienen toda la credibilidad, lo denuncien penalmente o no, los sucesos se dan por hechos, demostrados o sentenciados, y con lo conocido tienen suficientes mimbres para deducir que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo sabía, lo tapó, lo está encubriendo y no puede durar un minuto más en su cargo. Los populares avanzan que por ahí irán ahora en una ofensiva parlamentaria con todo tipo de iniciativas a las pocas horas de que el abogado de la víctima haya reconocido públicamente que mantuvieron el secreto sobre la denuncia hasta la tarde de este martes, cuando se conoció que fue admitida a trámite, por lo complejo y sensible de la situación, con una agente apuntando contra el gran jefe operativo de la Policía Nacional. La querella desembocó poco después en la renuncia del mando policial, adelantada por la Cadena SER.

Es evidente que ese criterio no lo siguieron ni Feijóo ni Muñoz en el reciente caso revelado por EL PAÍS de la denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde popular de Móstoles, Manuel Bautista. Ni se dio crédito a la víctima, ni se la arropó en nada. Feijóo tardó en hablar y, cuando lo hizo, en plena campaña electoral en Aragón, fue para abundar en la tesis del PP de Madrid de que no había nada, era un caso prefabricado, y asegurar falsamente que el partido lo había investigado y cerrado porque no había encontrado índices probatorios.

Dos muy altos cargos del PP de Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, recibieron a la víctima de Móstoles, escucharon su relato de acosos continuados, le recomendaron no denunciarlo e intentaron buscar un apaño interno para que no saltase a la luz. El PP de la Comunidad de Madrid filtró datos de la víctima, ensució su trayectoria y no la ayudó ni reparó en nada. El PP de Feijóo abrió una investigación de su Comité Nacional de Derechos y Garantías, que no indagó el asunto, citó solo al alcalde denunciado, nunca a la víctima o a sus testigos y cerró el expediente. La víctima, muchos meses después, ha denunciado al regidor y al partido. Feijóo y Muñoz han dado el problema por amortizado.

“Una mafia de encubridores”. Fue el lema de la jornada de este miércoles empleado por la propia Ester Muñoz, muy aplaudida en su desbocada bancada, y de Miguel Tellado, la mano derecha de Feijóo, para retratar al Gobierno de Pedro Sánchez, al que llevan viendo en descomposición hace meses. Algunos escuderos del PP intentaron luego elevar ese listón, pero les resultó difícil y se entretuvieron en patear desde sus escaños para exigir a gritos la dimisión de Marlaska. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a la que desde el PP insisten en atacar pese a que no se puede defender por su papel institucional de arbitraje, ya no rogó en vano algo de educación, solo pidió en favor de que no se dañase más el histórico mobiliario.