La Fiscalía se opone al tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra Asier Arzalluz Goñi
El ministerio público avisa también de que no ha sido informado del régimen de semilibertad concedido a Txeroki
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno del País Vasco de conceder el tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, condenado por varios atentados como el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, perpetrado el 7 de mayo de 2000, y el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002. Al anunciar su decisión, el ministerio público también ha avisado de que todavía no ha sido informado del régimen de semilibertad concedido al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.
La Fiscalía, al abordar el caso de Arzalluz Goñi, subraya que Administración ha valorado “favorablemente” la “petición de perdón a las víctimas” y el hecho de que haya aceptado “su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”. No obstante, advierte de que antes de aplicarle este tercer grado es necesario evaluar primero cómo ha funcionado la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario (una medida de semilibertad que le permite salir entre semana de la cárcel para ir a trabajar o realizar un voluntariado y dormir en el centro penitenciario).
En una nota difundida este lunes, el ministerio fiscal incide en que la eficacia de dicha medida de semilibertad en el que se encuentra Arzalluz —que terminará de cumplir condena en octubre de 2030— necesita tiempo para ser evaluada, no “un período tan breve como tres o cuatro meses”. Además, recuerda que el Tribunal Supremo exige que la evolución de los grados tenga una “consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”.
Así las cosas, el coordinador de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional Carlos García Berro recalca que en el caso de Arzalluz Goñi no ha sido posible esa evaluación porque se requiere de “periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”. E insiste en que en “un período tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad”, no muestra una “evolución prolongada”, “no permite verificar cambios consolidados” y “no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.
Por ello, recurre ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la decisión que adoptó el pasado 10 de febrero la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumiera la competencia de la gestión de las tres cárceles vascas, según una respuesta parlamentaria de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José.
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