Los vecinos de la zona cero de la gentrificación en Palma se movilizan para evitar el destierro forzoso de inquilinos

Hace una década, la camiseta de la asociación de vecinos de Canamunt-Ciutat Antiga de Palma ya denunciaba bajo el lema “Grand hotel Canamunt” que los residentes de toda la vida se iban a convertir en extranjeros en su propio barrio. Un año después, en 2016, nació el movimiento asambleario Ciutat per a qui l’habita (La ciudad para quien la habita) en respuesta a la creciente gentrificación de este distrito en pleno casco histórico de la capital balear, donde ya florecían por doquier nuevos hoteles y las agencias inmobiliarias de lujo se paseaban para tratar de captar viviendas que vender a inversores extranjeros. Fue una época de protestas contra la masificación turística y la desaparición de los negocios tradicionales. En la recta final de 2025 la situación no ha hecho más que empeorar, con un goteo de familias que han tenido que abandonar el barrio por la subida abusiva de precios del alquiler y la previsión de una oleada de nuevas marchas en los próximos meses por la caducidad de muchos de los contratos de arrendamiento.

Es el caso de Rosa Deyà, que lleva 26 años en el barrio y en agosto tendrá que dejar la casa en la que ha vivido los últimos 18 porque finaliza su contrato de alquiler y el propietario no le ha dado la opción de seguir. Junto a su pareja y sus dos hijos, con trabajo estable y solvencia económica, ha comenzado una búsqueda activa para intentar quedarse en el barrio, a pesar de que los precios están por las nubes. Les pasaron por WhatsApp la oferta de un particular, un piso por 1.700 euros y decidieron contactar con el propietario. “Le dije que era vecina de media vida del barrio, que tenía garantías, le podía dar referencias, pero que no podíamos pagar 1.700 y si era posible negociarlo por 1.200. Me dijo que no, que le sabía mal pero no podía bajar el precio”, explica. Tras contactar con una inmobiliaria vio un segundo piso, sin muebles, por el que pedían 1.800 euros al mes. En ese caso, también le dijeron que el propietario no estaba dispuesto a negociar a la baja.

Reconoce que siempre pensó que podrían vivir de alquiler en Canamunt “pagando algo razonable”, aunque son muchos los conocidos que se han tenido que ir de la zona, incluso de la isla, porque no han podido hacer frente a los precios. Uno de los casos más sangrantes es el de una vecina jubilada que el año pasado no pudo afrontar un incremento del precio del arrendamiento y se tuvo que trasladar a una vivienda en la otra punta de la ciudad para compartir piso, en una especie de vuelta atrás en su periplo vital, pasando de vivir sola durante casi toda su vida a tener que compartir cocina y baño como en la veintena: “Hemos llegado a normalizar tener que huir de los lugares que quieres y en los que contribuyes colectivamente por no poder pagar un precio descomunal”.

Precios duplicados

Canamunt-Ciutat Antiga es una de las zonas de Palma que ha experimentado una de las subidas de precio más rápidas y que fue, junto con el movimiento de vecinos de Son Espanyolet, punta de lanza en las protestas contra la gentrificación en la capital balear. Pasó de ser el barrio chino en los años noventa, en el que la gente no reparaba demasiado, a convertirse en el objeto de deseo de inversores inmobiliarios en busca de viviendas para reformar en el centro de la ciudad. Según el portal inmobiliario Idealista, en noviembre de 2015 el precio del metro cuadrado en las viviendas de alquiler en el barrio estaba en 8,9 euros, frente a los 18,8 que cuesta ahora, es decir, un piso de 70 metros cuadrados costaba en 2015 una media de 623 euros frente a los 1.326 euros actuales, una subida de más del doble.

Ejemplo del cambio que ha sufrido la zona en los últimos años es el de un edificio en la calle Cordería, que hasta hace poco albergaba seis pisos. “Llegó un inversor sueco, compró el edificio entero y lo convirtió en una vivienda unifamiliar. Después lo puso a la venta por 18,5 millones de euros” explica Carme Verdaguer, vecina del barrio de toda la vida. Para ella, la pérdida de identidad avanza a pasos agigantados, porque la mayoría de los nuevos propietarios que desplazan a los inquilinos que llevan años en este distrito no se integran ni participan en la vida vecinal o asociativa. “Gentrificación la ha habido siempre, pero nos encontramos con muchos que vienen y lo mismo podrían estar en Palma como en Singapur. Hay muchos así, pero el foco lo tenemos que poner en localizar los pisos que están vacíos para intentar que los pongan en alquiler” explica Verdaguer.

Los vecinos que participaron en la asamblea de esta semana han decidido pasar a la acción después de muchos años de protestas. Por eso, han decidido organizarse para intentar hacer un llamamiento a los propietarios que tienen pisos cerrados en el barrio, uno de los focos del problema junto con la llegada de extranjeros de alto poder adquisitivo que inflan las rentas en la zona. La presidenta de la asociación, Antònia Figuerola, recuerda que llegó al barrio hace una década y el primer piso en el que vivió le costó 600 euros al mes, una mensualidad que ahora ya no existe. El temor a la finalización de los contratos de cinco años y la posibilidad de enfrentarse a subidas de precio inasumibles es una constante entre los inquilinos que participan en las asambleas, a las que también acuden muchos propietarios que cada vez están menos a gusto en Canamunt y están concienciados de la situación.

“Podemos comprar muchos imanes y muchos helados, pero las tiendas de toda la vida han desaparecido. Es una consecuencia también de que cada vez hay menos vecinos y es una gran pena ”, lamenta Figuerola. En los últimos años han proliferado los restaurantes, los hoteles boutique y las tiendas de souvenirs en detrimento de los bares de toda la vida y las tiendas tradicionales. Para Verdaguer, Canamunt se terminará convirtiendo en un barrio de propietarios, donde todos acabarán perdiendo: “Los inquilinos porque pierden su casa y el resto porque perdemos a nuestros vecinos, al final perdemos todos”.

Las esperanzas de Deyà y su familia están depositadas en buena parte en este tipo de propietarios responsables “que no miden los metros cuadrados de su casa en dinero” y que todavía tienen “conciencia social”. Su idea es colectivizar el problema para que la gente entienda que no es exclusivo de Canamunt, sino que se extiende por todo el archipiélago y ya ha saltado a muchas otras ciudades de la península. “No es regalar, ni hacer caridad, pero sí alquileres que se puedan pagar. Cuando las rentas solventes ya no pueden afrontar vivir en el barrio, imagínate las precarias o la gente joven; es una escalada muy grande” lamenta Verdaguer.