Enfrentamiento entre España y Frontex: dudas sobre el uso de los datos que se obtienen de los migrantes

Tras múltiples desacuerdos en los últimos años, la relación entre Frontex, la agencia europea de fronteras, y España está lejos de ser la mejor pese a que colaboran en operaciones contra la inmigración irregular. El último motivo de fricción conocido son las entrevistas que Frontex y la Policía Nacional realizan conjuntamente a los migrantes recién llegados a las costas españolas, en el punto de mira por posibles violaciones de la protección de datos y los derechos fundamentales. También por su supuesta voluntariedad y el uso que se da a los testimonios para impulsar investigaciones penales contra presuntos traficantes. La policía rechaza cualquier acusación de mala praxis, aunque el asunto llegó a poner en riesgo la renovación de los planes operativos conjuntos en enero de 2024.

El propósito de los debriefings, como llama Frontex a estas entrevistas, es obtener información sobre flujos migratorios, el modus operandi de quienes organizaron el viaje clandestino y otra información útil para acabar desarticulando redes de tráfico de migrantes. Deben ser voluntarias y no pueden usarse para recabar ninguna información ni datos personales sobre el entrevistado. Eso sobre el papel.

En la práctica, una investigación de EL PAÍS revela que existen serias dudas sobre el cumplimiento de las normas de protección de datos de la UE y su carácter voluntario a pesar de que Frontex y la policía española coinciden en que no se trata de interrogatorios. “Hablamos de entrevistas voluntarias y anónimas”, insiste un portavoz policial.

Sin embargo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) de la UE, la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex (FRO), el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, y la Defensora del Pueblo Europeo, Eleanor O’ Reilly, han cuestionado esa voluntariedad de las entrevistas y han señalado que se han utilizado como interrogatorios encubiertos para obtener información sobre posibles sospechosos de tráfico de migrantes, que a menudo son migrantes como el resto, pero criminalizados por conducir embarcaciones.

Ante los distintos cuestionamientos, la agencia aplicó cambios en sus protocolos, pero varios documentos internos de la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex (FRO) revelan también tensiones entre Frontex y las autoridades españolas por la aparente falta de voluntad de España para adoptar esas nuevas normas. Los policías españoles “se niegan a aplicar el nuevo protocolo que ha adoptado la agencia”, se lee en uno de ellos. La Policía Nacional lo desmiente. “España ha dejado claro a Frontex que su protocolo de entrevistas no es directamente aplicable en España, sino que solo tendría aplicación en ausencia de instrucciones de España”, ha declarado un portavoz.

Los interrogatorios son realizados por agentes de Frontex, ―hay unos 350 en España―, pero el jefe del equipo suele ser de la Policía Nacional. Según informes internos recientes de la FRO, la policía española “presiona” a los agentes europeos para que obtengan “toda la información posible” de los migrantes, y menciona “la falta de instrucciones claras y coherentes por parte de los españoles, junto con las solicitudes de realizar tantos interrogatorios como sea posible [lo que puede entrar en conflicto con el carácter voluntario de las entrevistas], en el contexto de cada desembarco”.

Entre 2016 y 2021, Frontex llevó a cabo un total de 17.692 debriefings en Europa, de los cuales 4.803 se realizaron en España como parte de las tres operaciones conjuntas que la agencia y la Policía Nacional despliegan en las costas de la Península y las Islas Canarias. Durante el mismo período, 166.517 personas entraron irregularmente en España por mar, según datos del Ministerio del Interior.

Las sospechas de mala praxis salieron a la luz a raíz de que el SEPD, que es una autoridad independiente, pusiera en marcha una investigación debida a su inquietud por otro asunto: que bajo el pretexto de combatir el tráfico ilícito de migrantes, Frontex usaba los debriefings para recopilar datos personales de miles de personas, también de defensores de derechos humanos, y los enviaba a Europol, que los almacenó para usarlos en investigaciones policiales.

El SEPD concluyó que entre 2016 y 2023, los datos de más de 13.000 personas consideradas sospechosas, incluidos migrantes y activistas, fueron transferidos ilegalmente. El organismo remitió 32 recomendaciones y con su investigación forzó a la agencia de fronteras a modificar sus protocolos, tal y como reveló una investigación conjunta de EL PAÍS, Le Monde y Solomon.

Pero el SEPD no solo encontró irregularidades en las transferencias de datos. En su informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, encontró “serias dudas” sobre la legalidad de las formas en las que se realizan los debriefings, dada la falta de “garantías legales y salvaguardias procesales”. También en España.

La voluntariedad y el uso de la información obtenida durante las entrevistas contrasta con los hallazgos de Daniel Arencibia, abogado especializado en migraciones. Arencibia ha revisado más de 1.200 sentencias judiciales entre 2016 y 2025 en las que ha hallado pruebas que sugieren que los debriefings se han utilizado en procedimientos penales contra conductores de embarcaciones. “Frontex interroga a los migrantes. Lo hacen sin abogados, llevando a cabo una investigación penal sin garantías, lo que lleva a la policía a recopilar información y criminalizar a los migrantes, ignorando a los verdaderos organizadores, que no están en los barcos”.

EL PAÍS ha consultado ocho de esas sentencias, que muestran cómo los debriefings alimentan la criminalización de los conductores de embarcaciones, con agentes de Frontex identificando sospechosos y posibles testigos. En algunos casos, los policías españoles asignados a Frontex, que entrevistaron a los migrantes, comparecieron como testigos en los procedimientos judiciales.

De esas malas prácticas fue víctima un matrimonio argelino que llegó a Almería en 2022 con una bebé en brazos y otras 60 personas en la patera. La niña era la sobrina de la mujer, cuya custodia poseía según los documentos —en árabe— que llevaban. “Frontex eligió a ese matrimonio para el debriefing, algo que ya demuestra que no fue una decisión voluntaria”, explica el abogado Francisco Morenilla, que llevó su caso y quien considera que fueron escogidos porque había un elemento de coacción: la retirada de la niña.

La pareja respondió a las preguntas de los agentes de Frontex y les aseguraron que no perderían a la cría. Pero esta fue trasladada a los servicios sociales pese a las súplicas de sus padres de acogida, según el abogado que, junto a la investigadora académica Covadonga Bachiller López, elevó una queja a la FRO, al Defensor de Pueblo europeo y al español ese mismo año. “Era una cuestión de puras coacciones que se basaba solamente en localizar testigos que pudieran colaborar. A los tres días, con la misma documentación que tenía la niña cuando se la quitaron, la devolvieron. Fue una retirada de una menor totalmente gratuita”, asegura el letrado.

Y no es la única queja. En otro informe interno de noviembre de 2024, la FRO destacó preocupaciones relacionadas “con el acceso y la recopilación de información registrada en los teléfonos de los migrantes”. En este sentido, es esclarecedor el testimonio de Tarik, recogido en una investigación de las organizaciones Iridia y Novact.

Tarik es un hombre de Costa de Marfil que llegó en patera a Tenerife en 2021. Su hija y su mujer murieron en el trayecto, y él pasó más de un año en prisión preventiva por supuesto tráfico de migrantes antes de ser absuelto. “Un agente de Frontex tenía mi móvil, empezó a mirar las fotos y encontró una lista. Sin preguntarme, se fue a hablar con la policía. Al salir, vi una pantalla donde habían descargado todo lo que había en mi teléfono”, cuenta sobre su paso por dependencias policiales. Esa misma noche la policía lo llevó a la cárcel.