La jueza rechaza retirar “en este momento” el pasaporte al hermano de Pedro Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y procesado por las supuestas irregularidades en su contratación en 2017 en la Diputación Provincial de Badajoz, conservará por ahora su pasaporte y, con ello, la posibilidad de salir de España. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de la capital pacense, Beatriz Biedma, ha dictado un auto en el que rechaza “en este momento” la petición de la acusación popular, ejercida por el pseudosindicato Manos Limpias, de retirarle el documento de viaje o, en su defecto, imponerle una fianza de 70.000 euros ante las noticias de que el familiar de Pedro Sánchez “tiene proyectado dejar de ser residente en el Reino de España y comenzar a ser residente en el Estado de Japón”.

La magistrada esgrime para ello que, desde el inicio de la investigación, “se ha evidenciado” que David Sánchez tenía “relación” con otros países y que, incluso, figuraba como residencia desde finales de 2021 en un domicilio en Elvas (Portugal), situación que, “por el momento, no ha sido obstáculo” para que haya comparecido en el juzgado las veces en que ha sido citado, entre ellas las dos ocasiones ―en enero y abril pasado― que fue llamado a declarar como investigado o cuando se le convocó para que recogiera en persona el auto por el que se le enviaba al banquillo. La resolución es recurrible.

No obstante, Biedma recuerda en el mismo auto al hermano de Pedro Sánchez su “obligación” de comunicar al juzgado tanto su domicilio actual como cualquier cambio del mismo, al considerar “fundamental, para el correcto trascurso del proceso, que conste en cada momento el domicilio actual del investigado o acusado”. De hecho, la resolución ―dictado este lunes y al que ha tenido acceso EL PAÍS― incluye una reprimenda a la defensa del familiar del presidente al señalar que en el escrito que presentó de oposición a la petición de Manos Limpias contestaba con “evasivas” sobre el supuesto cambio de residencia, lo que considera que “no es válido” sobre todo si realmente “dicho domicilio ha sido fijado en un país no perteneciente a la Unión Europea, por las repercusiones prácticas que dicho hecho puede tener en la tramitación de la causa”. También recalca que no es suficiente con que cuente con abogado y procurador para recibir las comunicaciones, ya que, recuerda, “hay diversos actos de comunicación que deben hacerse forma personal” al imputado, sin olvidar que no es extraño que durante el procedimiento “cese la relación” entre el letrado y su cliente.

Por ello, la jueza da dos días a David Sánchez para que comunique formalmente si, efectivamente, se ha desplazado a Japón o tiene pensado hacerlo próximamente. Pretende con ello decidir si el supuesto cambio de residencia del hermano del presidente incide “de alguna forma en su disposición a comparecer” si es citado por el juzgado y, de este modo, “valorar si ha existido un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga”. Por ello, en su resolución, la jueza no descarta en el futuro adoptar las medidas cautelares “que se consideren oportunas”.

David Sánchez se sentará junto al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas en el banquillo acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en su contratación y en la de un extrabajador del Palacio de La Moncloa amigo suyo en la Diputación pacense. La magistrada adoptó esta decisión pese al rechazo de la Fiscalía, que había pedido el archivo de la causa al considerar que esta se sustenta únicamente en conjeturas.

Las acusaciones populares han pedido que se lo condene a tres años de cárcel, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del doble del beneficio que hubiera obtenido durante los años que cobró de la Diputación de Badajoz y del obtenido por el exempleado de La Moncloa al que presuntamente enchufó para que trabajara con él. También han reclamado que la justicia anule la convocatoria de oferta de empleo público por la que el hermano del presidente obtuvo su plaza en la Diputación bajo sospecha y a la que este terminó renunciando el pasado febrero en plena investigación judicial.