El Supremo confirma la pena de tres años de cárcel para el exalcalde socialista de Linares por cobrar sobresueldos

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años de cárcel para el que fuera alcalde socialista de Linares (55.000 habitantes, Jaén) desde 1999 a 2018, Juan Fernández. El alto tribunal ratifica asimismo la pena de siete años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos, al haber cobrado sobresueldos por un valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista, del que él fue portavoz entre los años 2011 a 2017. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el exregidor contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rebajó de cuatro a tres años de prisión y de 10 a siete años de inhabilitación absoluta las penas que le había impuesto un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Jaén.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, considera probado que durante el tiempo que ejerció la portavocía, Fernández se apropió para su propio beneficio, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del grupo socialista, de una cantidad mensual de 1.700 euros en metálico. Lo hizo mediante la emisión de cheques bancarios al portador con cargo a dos cuentas pertenecientes a dicho grupo abiertas en una entidad bancaria y que se nutrían exclusivamente de la dotación económica recibida del Ayuntamiento.

La Sala rechaza el argumento del exalcalde, que sostenía en su recurso que no conocía el carácter público de los fondos. Y responde que la sentencia recurrida “no solo deja claro que estamos ante fondos públicos, sino que destinar los fondos del grupo municipal a un sobresueldo para quien ostenta, con dedicación exclusiva, el cargo de alcalde, es un desvío ilícito de tales fondos”. En paralelo, el fallo añade: “Se trata de una autoasignación mensual, por una cantidad constante, lo que aleja la finalidad del gasto de las atenciones propias del grupo municipal, no se trata de indemnizaciones por dietas o gastos derivados del ejercicio de actividades concretas propias del grupo”.

La sentencia indica que el exregidor linarense desvió ilícitamente fondos del grupo socialista, siendo la mecánica de la apropiación la emisión de cheques al portador, “con total ausencia de justificación documental de gastos”. Añade que todo ello, implica “un actuar clandestino, e indiciariamente, el conocimiento por el acusado de la ilicitud de su conducta”.

“Siendo un indicio muy importante, no desvirtuado por prueba en contra, el dilatado periodo de tiempo durante el cual el ahora recurrente ejerció responsabilidades municipales, lo cual es suficiente, para declarar acreditado que el origen del dinero, su destino, su utilización y su imposibilidad de empleo para otras finalidades, era de sobra conocidos por el acusado”, destaca la sentencia.

El Supremo precisa que el fallo de instancia, en marzo de 2022, considera que “son fondos del Ayuntamiento y para el Ayuntamiento, cuya gestión se pone en manos de los diferentes grupos municipales, que no son partido político ni asociación privada, sino que son Ayuntamiento y los fondos que se les asignan son municipales, y, por tanto, públicos”.

Del mismo modo, esos fondos “no podrían destinarse a financiar actividades propias del partido político, tampoco obviamente pueden serlo para remunerar a sus miembros, más allá de las dietas e indemnizaciones debidamente justificadas por servicios dentro del grupo municipal”, concluyen los magistrados.

Tras dos décadas como alcalde de Linares, Juan Fernández fue expulsado en 2018 del PSOE tras una investigación interna que derivó en la interposición de una querella. Posteriormente, formó el partido local Linares Primero, con el que fue concejal el pasado mandato municipal.

Fernández no ha negado en ningún momento haber recibido estas cantidades y así lo declaró ante el tribunal del jurado, pero ha rechazado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. “Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban”, dijo el exregidor, que desde el principio ha venido sosteniendo que había un acuerdo para abonarle mensualmente esa cantidad.