Juicio sobre la devolución de 55 menores a Marruecos: “Me fie, si el ministro [Marlaska] me dice que está bien…"

Los sacaron del centro de menores sin preaviso y los metieron en furgonetas de 15 en 15. En minutos cruzarían la frontera de Ceuta con Marruecos y se les perdería la pista, a algunos para siempre. Durante tres días de mediados de agosto de 2021 se fueron tachando nombres de una lista, mientras que los que se quedaban gritaban, lloraban y hasta se autolesionaban para evitar ser devueltos. Decenas de niños huyeron, desaparecieron. Fue el caos. Cuatro años después de esa devolución ilegal de 55 menores marroquíes, la crónica de esos días, plasmada en los medios de comunicación y en los sucesivos procesos judiciales, vuelve a estar de actualidad. Los tribunales —incluido el Supremo en dos ocasiones— ya decretaron que aquella operación no fue legal, pero ahora responden por ella dos mujeres que alegan que cumplieron órdenes.

Mabel Deu, entonces mano derecha del presidente de Ceuta, Juan Manuel Vivas, y Salvadora Mateos, la exdelegada del Gobierno que seguía instrucciones del Ministerio del Interior, se han sentado en el banquillo acusadas de prevaricación administrativa continuada. La Fiscalía les pide 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, además de la pérdida de los honores asociados a sus antiguos puestos. Ambas alegan que cumplieron con las instrucciones recibidas desde el Ministerio del Interior y que confiaban en su legalidad. Lo mismo defienden sus colaboradores. Y aunque las negociaciones con Marruecos y esas instrucciones, escritas y verbales, partieron de Madrid, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni su entonces número dos, Rafael Pérez, han respondido judicialmente por el cuestionado procedimiento. Ahora, en un giro de guion inesperado, Pérez, que dejó el cargo el mes pasado, ha declarado este jueves como testigo para negar que él diese ninguna orden. Según Pérez, el escrito del 10 de agosto de 2021, con membrete de su Secretaría de Estado, en el que se pedía que se ejecutara el retorno fue apenas una comunicación.

El juicio oral comenzó este lunes en la sede ceutí de la Audiencia Provincial de Cádiz. Y durante tres días se ha escuchado el testimonio de (casi) todos los protagonistas de aquellas tensas jornadas, marcadas por la entrada repentina ese mes de mayo de 10.000 personas, entre ellas, centenares de niños. Consecuencia de aquella maniobra marroquí —miles de migrantes se lanzaron al mar ante la pasividad de las autoridades del país vecino— la ciudad autónoma acogía por aquel entonces 1.280 menores.

Los distintos tribunales en los que se ha juzgado el caso han dejado claro que el Gobierno de Ceuta, desesperado, recurrió a Madrid para intentar devolver a los adolescentes que se habían quedado en la ciudad. Era una misión muy complicada porque estos retornos son muy garantistas y Marruecos no suele colaborar para hacerlos posibles. Pero la repercusión internacional de aquella entrada masiva, con bebés flotando en el mar, dañó la reputación de Rabat y el rey Mohamed VI dio instrucciones claras para que se facilitase el retorno a casa de sus menores. Aunque en aquel momento las relaciones entre los dos países estaban rotas, esta vez sí hubo disposición. Y como recordó Salvadora Mateos este miércoles, Fernando Grande-Marlaska “era el único ministro que tenía relaciones con Marruecos”, según recoge El Faro de Ceuta.

La declaración de Juan Hernández, jefe de gabinete de la delegada del Gobierno, ha revelado que el 10 de agosto (tres días antes de la primera devolución), recibió una llamada del entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la que se le comunica que “se ha puesto en marcha el acuerdo de repatriación de los menores firmado en 2007”. El mensaje fue muy parecido al que se envió en un correo electrónico, con membrete del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, en el que se pedía que se “proceda a ejecutar” las devoluciones. En Ceuta se entendió como una orden. “La instrucción parte del ministro, si dice que no, nadie pone nada en marcha esto”, sentenció Hernández, que aludió en repetidas ocasiones a la condición de juez de Grande-Marlaska.

En su declaración por videoconferencia, Rafael Pérez ha afirmado que lo que se remitió a Ceuta fue “una comunicación”, que no “una orden” sobre la aplicación de ese acuerdo. Sobre el email con el membrete oficial, el ex secretario de Estado ha asegurado este jueves: “Si fuera escrito mío, lo habría firmado yo”. Pérez ha insistido en que no dieron “ninguna orden para que se incumpliera” la ley. “No hubo ninguna indicación de proceder a una devolución sin cumplir el procedimiento legal, obviamente no íbamos a proceder de esa manera”, aseguró.

Ese convenio bilateral entre Madrid y Rabat al que se refirió Hernández es el que sienta las bases del retorno de menores que emigran a España y el único documento en el que se justificó toda la operación. No se tuvo en cuenta la legislación española que establece el procedimiento a seguir, un proceso que incluye entrevistas, conocer las circunstancias personales del menor, brindarle asistencia jurídica, involucrar a la fiscalía... Nada de esto se cumplió, tal y como reprochó el Supremo en su primera sentencia de enero de 2024, que aseguró que se vulneraron los derechos y la integridad física y moral de los menores devueltos.

Pero en aquel momento, los responsables políticos en la ciudad aseguraron que no tuvieron razones para dudar de la ilegalidad de la operación. “Me fie, si el ministro me dice que está bien”…, declaró este miércoles la exdelegada Mateos, ya jubilada y enferma de cáncer. “Me dio tranquilidad que el fiscal de menores había recibido el mismo escrito que yo y no me había dicho nada”, ha insistido. Como explicó a EL PAÍS el propio fiscal de menores de Ceuta, José Luis Puerta, el procedimiento no contó nunca con su aprobación. La exvicepresidenta de Ceuta, Mabel Deu, ahondó en la misma línea de defensa. “Nadie me advirtió de que aquello no se ajustara a la ley. Se estaba llevando a cabo un procedimiento novedoso de un acuerdo internacional que nunca se había puesto en marcha. Hicimos lo que el tratado internacional y el ministerio nos decía”, declaró

Mientras autoridades locales y nacionales se afanaban en devolver el mayor número de menores posible, había ya muchas voces alertando de irregularidades. La primera, la de Antonio Palomo, la responsable del Área de Menores de Ceuta, que respondía a Deu. Palomo puso el grito en el cielo desde el primer día, incluso ante las autoridades marroquíes, cuando se ultimaban los preparativos de los retornos, pero no la escucharon. En el juicio, la recién nombrada presidenta del PSOE en la ciudad autónoma, reiteró su oposición frontal a cómo se ejecutó la devolución. “Eso era prevaricar”, dijo en su declaración recogida por El Faro de Ceuta. “Soy una mujer de buena fe, no sospecho nada, pero me asusté al verme en la frontera con autobuses, con una sensación de incomprensión. Pensaba que eso no iba a pasar. Después de todo aquello huyeron más de 300 niños, costó recuperar la confianza”, describió.

Los retornos supusieron también un pulso (desigual) entre ministerios, porque la estrategia de Interior contaba con la oposición del ministerio de Derechos Sociales. “Teníamos dudas de que se respetaran las circunstancias individuales de los menores, dudas sobre la legalidad vigente”, declaró Ignacio Álvarez, entonces secretario de Estado de Derechos Sociales. Álvarez asegura que el 14 de agosto, con las devoluciones ya en marcha, informó de “que la operación debía detenerse porque se incumplía la legalidad vigente”. El Defensor del Pueblo y ONG como Fundación Raíces, que elevó el caso al Supremo, señalaron en su momento las irregularidades. También lo hicieron más adelante las propias denunciantes Escola Ac Asociación para el Desarrollo Integral y la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Tras la declaración del exsecretario de Estado, el juicio ha quedado visto para sentencia. Algunos de esos adolescentes devueltos no han vuelto a ser localizados; otros volvieron a España lanzándose al mar una vez más.