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Cospedal a Villarejo: “Al [fiscal] Grinda hay que matarlo”

El comisario se quejó a la secretaria general del PP de que la Fiscalía le perseguía y pidió cambios en la UDEF y la UCO, según el ‘pendrive’ que el PSOE ha remitido al ministerio público

María Dolores Cospedal, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" en el Congreso de los Diputados.Foto: Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
José Manuel Romero

Leire Díez, la exconcejal socialista que se ha dado de baja en el partido tras destaparse sus gestiones con abogados e imputados buscando información contra la UCO de la Guardia Civil o el fiscal anticorrupción José Grinda, entregó la semana pasada en la sede central del PSOE un pendrive con abundante información sobre las cloacas del ministerio del Interior en la etapa de Gobierno del PP (2012-2018). El PSOE remitió esa documentación a la Fiscalía General del Estado, donde aún no han decidido qué hacer con ese material. El expediente Leire incluye cientos de audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo a lo largo de 20 años y que acreditan un sinfín de operaciones ilegales durante la etapa de Gobierno del PP (2012-2018).

Muchos de los audios y los documentos incluidos en el pendrive entregado al PSOE por Leire Díez forman parte ya de distintas piezas separadas del caso Tandem que investiga las actividades ilícitas de Villarejo. Otros audios han sido desestimados por jueces y fiscales al entender que no guardan relación con las más de 30 piezas separadas abiertas en la Audiencia Nacional por las andanzas del comisario.

Una de esas grabaciones que Leire Díez incluyó en el dosier que entregó en el PSOE la semana pasada hace referencia al encuentro entre Villarejo y la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. La conversación, grabada por el policía, tiene lugar el 6 de julio de 2017, cuando el comisario jubilado se siente perseguido por la Fiscalía y por determinados fiscales a los que vincula con el CNI.

La Fiscalía Anticorrupción abrió en abril de 2017 una investigación secreta contra Villarejo en la que trabajan los fiscales Serrano y Stampa, pero no el fiscal Grinda. Esas pesquisas concluyeron posteriormente con la detención del comisario en octubre de 2017.

Unos meses antes de acabar en la cárcel, Villarejo le cuenta a Cospedal sus temores y le presiona para que la secretaria general del PP logre que el ministerio del Interior cambie a los mandos policiales porque “los de arriba son del PSOE”.

Cospedal: “Estoy detrás de las gestiones de Interior y creo que lo vamos a conseguir (…) Creo que está hecha la estructura nueva, y lo de la Guardia Civil igual”.

Villarejo: “Pero no esperéis a octubre o noviembre, tenéis que aprovechar el verano porque viene una gorda con los catalanes”.

[El referéndum ilegal por la independencia de Cataluña se celebró el 1 de octubre de 2017]

Cospedal: “Yo quería que lo hubieran hecho hace cuatro meses. Y además cuando han estado poniendo a parir a la UCO y a la UDEF en la prensa, es el momento de hacerlo”.

Algunos dirigentes del Partido Popular, formación acorralada por múltiples casos de corrupción en aquella etapa, cuestionaron en 2017 los informes de estas unidades de la Policía y la Guardia Civil. El exconsejero madrileño Francisco Granados, encarcelado por el caso Púnica, censuró los informes de la UCO y de la UDEF. La presidenta madrileña Cristina Cifuentes también se quejó al verse implicada en el caso de la financiación ilegal del PP por un informe de la UCO, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, llegó a declarar que los informes de la Guardia Civil sobre esta dirigente habían dañado a una persona y a un partido: “Sinceramente, creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar”. Su antecesor, Jorge Fernández Díaz, también se mostró muy crítico con algunos de los informes de la UDEF sobre su compañera de partido Ana Mato, quien terminó dimitiendo.

El comisario Villarejo pidió cambios rápidos en las cúpulas policiales aquel 6 de julio de 2017 y le contó a Cospedal que enviados de Margarita Robles, entonces portavoz parlamentaria del PSOE, le habían hecho llegar el mensaje de que si denunciaba al PP por la Operación Cataluña resolverían sus problemas con la Fiscalía.

Cospedal: ¿Margarita Robles te llamó?

Villarejo: No. El enlace que yo tengo con ella, que es un antiguo colega, de su cuerda (…) A mí lo que me han dicho es si tú estás dispuesto a contar que lo de la Operación Cataluña es una operación del PP y no se cuántos, lo de la Fiscalía, eso que tiene Grinda contra ti lo va a quitar y tal.

Cospedal: A Grinda hay que matarlo.

Villarejo: Y pedimos que comparezcas en el Congreso y luego después convocamos la moción de censura. Y les digo no sé de qué me estáis hablando. Has visto cómo he mantenido yo el tema y lo voy a mantener hasta el final.

El comisario intervino en numerosas operaciones irregulares contra dirigentes independentistas catalanes, según ha quedado acreditado por múltiples grabaciones que Villarejo hizo entre 2012 y 2017. Ninguna de las maniobras policiales contra el independentismo catalán, sin amparo judicial, han sido castigadas por los tribunales de justicia. Muchas de esas operaciones, basadas en la difusión de noticias falsas contra dirigentes de la Generalitat de Cataluña, fueron archivadas por distintos juzgados con la excusa de que los medios que habían publicado los bulos se basaban en informes policiales, también apoyados algunas veces en el anonimato.

Por otra parte, la campaña del comisario Villarejo contra el fiscal Grinda se inició en 2015, continuó durante los años en que estuvo preso y aún se mantiene viva. El comisario ha denunciado que la justicia archivó sin motivo un caso de pedofilia que supuestamente afectaba al fiscal y le atribuye, según sus grabaciones, trabajar directamente para el Centro Nacional de Inteligencia, circunstancias que nunca se han podido acreditar.

Grinda ha sido el fiscal encargado de algunas de las causas relacionadas con las tramas corruptas que afectaban a dirigentes independentistas en Cataluña y también del procedimiento judicial que mantiene imputado desde hace ocho años al empresario Javier Pérez Dolset por un supuesto desvío fraudulento de subvenciones públicas.

Pérez Dolset y la exconcejal socialista Leire Díez expresaron su interés por actuaciones irregulares del fiscal Grinda en la reunión de febrero pasado con empresarios imputados por el fraude del IVA en el negocio de los hidrocarburos y con sus abogados. En la misma reunión, Javier Pérez Dolset y Leire Díez reclamaron documentación sobre supuestas actuaciones irregulares del teniente coronel de la guardia civil Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO).

Balas es el máximo responsable de los informes de la UCO que en los últimos meses han encargado distintos jueces instructores y que afectan a los principales procesos abiertos por corrupción que afectan al Gobierno, a familiares del presidente Pedro Sánchez y al PSOE.

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