Rescatan a 66 perros en condiciones extremas de salud en una finca de Cañamero

La Guardia Civil investiga a un hombre por un presunto delito de maltrato animal a 66 perros encontrados en grave estado de salud en una explotación ganadera del término municipal de Cañamero (Cáceres).

Los hechos ocurrieron a finales del pasado marzo, cuando agentes del Medio Natural alertaron a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la localización de varios perros muertos en la finca.

Tras el aviso, la Guardia Civil se personó en el lugar, donde constató la existencia de una explotación ganadera que albergaba animales bovinos, equinos, porcinos y un numeroso grupo de perros.

Durante la inspección, se comprobó además la existencia de diversos animales en condiciones altamente deficientes, entre ellos 66 perros. Se localizaron además los cadáveres de seis perros -tres adultos y tres cachorros-, algunos de ellos atados con lazos corredizos en sus cuellos.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención urgente de veterinarios de la Oficina Comarcal de Zona de Zorita, que confirmó las irregularidades observadas. El informe veterinario elaborado reveló la inexistencia de registro para la tenencia de animales que fueran distintos a los canes, además de “graves deficiencias sanitarias, un preocupante estado de salud y sin control veterinario de muchos animales, instalaciones insalubres y condiciones de vida inaceptables”.

El informe determinó que al menos cinco perros presentaban un grado más severo de desnutrición, mostrando las costillas y huesos a simple vista.

La finca solo se encontraba registrada como núcleo zoológico para perros de rehala (grupo de canes que se usan en las monterías), careciendo de permisos para mantener otras especies presentes en ella, como cerdos, ovejas y caballos.

El pasado 14 de abril, el responsable de la explotación ganadera fue investigado en las dependencias Seprona de Guadalupe como supuesto autor de un delito de maltrato animal. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Logrosán y a la Fiscalía de Medio Ambiente en Cáceres.