La jueza no ve delito de revelación de secretos en los ataques de Miguel Ángel Rodríguez a periodistas de EL PAÍS

La titular del Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid ha archivado las diligencias previas ―actuaciones judiciales que se llevan a cabo antes de abrir un proceso penal— contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, por haber filtrado a la prensa los nombres, una foto y un bulo sobre dos periodistas de EL PAÍS que investigaban la obra ilegal en el piso donde vive Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez difundió esos datos a un chat con 18 periodistas después de que un policía de paisano identificara a ambos profesionales durante una parada en la calle. La magistrada no entra a valorar las inexactitudes, tono o expresiones utilizadas por el jefe de gabinete de Ayuso y se limita a considerar que no se ha producido un delito de revelación de secretos, porque no se trataba de datos reservados, ni Rodríguez accedió a un fichero o soporte informático. Los hechos fueron censurados como un intento de intimidar a la prensa por asociaciones de periodistas nacionales e internacionales, y la Fiscalía había apoyado la investigación, pidiendo el jueves pasado la declaración de un informador de EL PAÍS.

La magistrada Raquel Robles se ha limitado a analizar si los hechos encajaban en los artículos 197 y 417 del Código Penal, en un auto fechado el viernes. El primer tipo penal se refiere a la revelación de secretos cometido por cualquier persona y el segundo castiga la misma conducta cuando la cometen autoridades o funcionarios públicos. Robles considera que los hechos no cumplen los requisitos de esos dos delitos.

“El texto, pues, remitido el día 19 de marzo de 2024 por Don Miguel Ángel al chat que comparte con periodistas, y fuera de las inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas por su emisor, no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados, ni consta tampoco que los datos de identidad o la imagen de los periodistas en él contenido y anexo hayan sido obtenidos de alguna de las formas ilícitas que precisan los artículos relacionados”, dice en su auto.

Robles había recibido una querella presentada por Ediciones El País SL así como una denuncia del PSOE, que actuaba como acusación popular, una figura que legitima a terceros para defender la legalidad. Contra el auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación, y recurso de apelación en el plazo de cinco.

Los hechos se remontan a la tarde del martes 19 de marzo de 2024, cuando dos reporteros trataban de verificar los indicios que tenían sobre una obra sin permiso en el piso donde conviven Ayuso y el empresario Alberto González Amador. Los periodistas hablaron con varios testigos entre las 19.00 y las 19.45. Cuando ya se disponían a abandonar la zona, un policía de paisano les pidió que se identificaran.

Una hora después, el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los informadores de EL PAÍS y los siguientes párrafos: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Este otro medio también desmintió esa acusación.

Este intento de intimidar a la prensa se producía solo días después de que eldiario.es revelara que Rodríguez había amenazado a una periodista de ese medio con hundirlo: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo en un mensaje de WhatsApp.

Rodríguez persistió en su bulo sobre los reporteros de EL PAÍS durante semanas. Lo hizo en la red X, ―”los acosadores de menores mienten”―, donde además publicó que tenía “algo personal” contra ellos. Asimismo, volvió a repetir su mentira en una entrevista en el diario El Mundo.

El jefe de gabinete de Ayuso fue censurado por numerosas organizaciones periodísticas, incluidas varias de ámbito internacional, como el británico Instituto Reuters o el estadounidense Comité Internacional para la Protección de los Periodistas. Además, la Plataforma para la Protección de Periodistas vinculada al Consejo de Europa, del que España es miembro, lanzó una alerta por las amenazas y publicación de datos personales.