Parar a Torrent

Pasito a pasito, el independentismo catalán recupera sus habituales armas para componer una realidad a su medida que esquive los límites de su desafío. Es la misma estrategia que durante años abonó el terreno para reclamar el difuso derecho a decidir y proclamar finalmente una república independiente sostenida solo por el 47,7% de los votos y por el resultado de un simulacro de referéndum. En esa estrategia han tenido un papel importante los juegos semánticos para sostener que la legalidad y la legitimidad no siempre van de la mano y que lo que es ilegal puede ser perfectamente legítimo. Son confusiones torticeras de gran valor para la causa.

La imposibilidad legal de investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont encuentra en la lógica independentista el mismo atajo. Se paraliza la actividad parlamentaria y, mientras tanto, se lanza la descabellada idea de investir a Puigdemont como presidente simbólico de esa república simbólica que existiría en paralelo a un Gobierno efectivo, legal y técnico para la Generalitat.

El Gobierno de Rajoy parece resignado a tolerar esa fórmula, puesto que no puede actuar judicialmente contra ella, y JxCat se ha apresurado a registrar una reforma de la ley que lo permita. Dejar que todo esto ocurra sin mover un músculo, políticamente hablando, es incurrir en los mismos errores del pasado, cuando el independentismo avanzó en la creencia de la impunidad de sus actos. Y eso le corresponde tanto al Gobierno como a los partidos constitucionalistas catalanes, PSC y, sobre todo, Ciudadanos, el primer partido en el Parlament y, por tanto, el que con mayor energía debería responder a este intento de deslegitimar esa institución catalana. Hay que recortar en lo posible los márgenes con los que juega el independentismo para producir sus artificios. El informe de los letrados del Parlament ha dictaminado que los plazos no han empezado a correr para la sesión de investidura, pero deja la puerta abierta a que inicien los procedimientos el presidente Roger Torrent o los grupos parlamentarios.

Es una puerta que el constitucionalismo está obligado a forzar para terminar con el bloqueo favorecido por Torrent. Hay que romper esa dinámica. Torrent burla la legalidad dilatando plazos a la espera de que se asiente en los espíritus, incluso en los de Madrid, esa república simbólica presidida por Puigdemont. En sus funciones está buscar el desbloqueo y proponer otro candidato en vez de visitar a unos y otros en Bruselas o en la cárcel como un mero correveidile.

En política los símbolos son a veces la sustancia y algunos son intolerables por ilegales y también, por tanto, por ilegítimos. Inés Arrimadas ha dicho que Europa “no comprará” la estrategia independentista de la presidencia simbólica, pero es ella, como líder de la oposición, y el Gobierno los que deben buscar ya los instrumentos adecuados para frenar a Torrent y los independentistas con acciones políticas, pero también legales si es necesario. No reaccionar a tiempo es una mala señal y solo alimenta, otra vez, las ridículas pero reales expectativas que inventa el secesionismo.